Casi una década después la piratería de contenidos digitales vuelve a repuntar un nueve por ciento

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha presentado en el Auditorio Jorge Semprún del Ministerio de Cultura en Madrid una nueva edición del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, con datos referidos al año 2024, un informe que elabora, desde hace más de una década, la consultora GfK.

La conclusión más relevante del estudio es que la piratería de contenidos digitales se incrementó en 2024 un ocho por ciento, hasta alcanzar la cifra de 7.330 millones de contenidos digitales pirateados, incluyendo música, cine, series, videojuegos, libros, prensa e imágenes. Los datos de 2024 romperían así una tendencia a la baja detectada desde 2016 y tras el estancamiento detectado en el periodo 2022-2023. Cabe señalar, por ejemplo, que el 39 por ciento de los internautas consumió ilegalmente películas y series, 12 puntos más que en 2023, lo que sitúa a este apartado a la cabeza de la piratería, solo superado por la música, si se computan individualmente películas y series.

En 2024 se consumieron ilegalmente 1.045 millones de Películas (un 90% más que en 2023), por un valor de 8.723 millones de euros, y de 1.513 millones de Series (59% más), cuyo valor supone 2.086 millones de euros. Esta actuación de los piratas digitales supone un lucro cesante de 721 millones de euros, para el sector audiovisual.

Todos estos contenidos digitales de todos las áreas a los que se ha accedido ilegalmente tendrían un valor de mercado de 42.782 millones de euros, que sería también la cifra más alta de la serie histórica, pero hay que tener en cuenta que los precios son más actualmente y el número de internautas también es superior cada año. En el estudio se incluye el control de nuevos accesos a contenidos ilegales, como puede ser a través de descodificadores IPTV y de sistemas VPN. Con la inclusión de estos nuevos accesos la piratería digital aumentaría un 14 por ciento y con los mismos accesos controlados en 2023 estaría en torno al nueve por ciento el incremento el año pasado.

Según La Coalición, el perjuicio o lucro secante, para creadores e industrias de la música, el cine y las series, los videojuegos, el libro, la prensa y las imágenes ascendería a 3.032 millones de euros y se dejarían de crear 188.058 puestos de trabajo directos (31.343) e indirectos, mientras que las arcas públicas dejarían de percibir 955 millones de euros si todos estos contenidos se consumiesen de manera legal (más de 8.000 millones desde 2012).

Carlota Navarrete, directora general de La Coalición, se ha preguntado cómo se ha podido llegar a esta situación en 2025, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado en la última década, que ha implicado más de un centenar de reformas normativas para dar respuesta a esta lacra y adaptarse a un mercado tan cambiante. Un dato, mientras que en 2015 solo se retiraban 43 películas ilegales de la red, en 2025 ya se han bloqueado más de 1.800 webs con millones de contenidos ilegales.

“No podemos despreciar el esfuerzo inmenso que se ha venido haciendo por sector cultural, legislador, Administración, jueces, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operadores de telecomunicaciones y ciudadanía para revertir la situación en la que se hallaba nuestro país hace una década. Y es rotunda la valoración del sector respecto a la mejora gracias a todas esas acciones, pero, como se venía intuyendo por los descensos más modestos en los últimos años (2022-2023), no está siendo suficiente. Es evidente que los infractores han modificado nuevamente sus modelos para eludir su impacto y es imprescindible y urgente implementar nuevas estrategias que permitan restablecer la legalidad de forma más eficaz y que muchos de los actores involucrados participen más activamente como les exige la normativa en vigor”, ha apuntado Carlota Navarrete, directora general de La Coalición, que pese a todo se muestra optimista: “Hemos recibido los resultados con alarma y cierta frustración, al constatar que volvemos a registrar un incremento tan elevado, pero somos optimistas porque el sector ha visto que los esfuerzos han tenido su efecto y también que la valoración y el consumo de la oferta legal son imparables. Nos sentimos mejor y más preparados que nunca para hacer frente a los retos que la piratería digital nos planeta y pedimos la máxima colaboración de operadores, buscadores, redes sociales y de mensajería, así como de los poderes públicos para lograrlo” apuntó la responsable de La Coalición, que también ha apostado por impulsar más medidas de concienciación de la sociedad y ha asegurado que en los próximos informes habrá que tener en cuenta la irrupción de la IA.

En su intervención, Navarrete ha enumerado cinco medidas que ayudarán a fortalecer esta industria:

• 1) Poner fin al retraso en la implantación de la DSA a nivel nacional. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea implanta una serie de medidas de gran al-cance para la lucha contra el contenido ilícito, por lo que resulta esencial que se impulse y promulgue con carácter de urgencia el Proyecto de Ley de gobernanza democrática en servicios digitales que habilitará las reformas necesarias a nivel interno para la plena aplicación de la norma europea y que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Recabamos la implicación de todas las fuerzas políticas para culminar esta iniciativa cuyo retraso está lastrando notablemente la tutela de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital.
• 2) Exigencia de los grandes servicios en el control del contenido ilegal. A nivel europeo debe exigirse una implicación general de los grandes servicios de inter-mediación. Esto apunta necesariamente a la reforma del Reglamento de Mercados Di-gitales (DMA) al efecto de exigir a dichos servicios la exclusión de los contenidos de carácter ilegal que, actualmente, operan como un competidor absolutamente desleal generando una profunda distorsión en el mercado digital. La evaluación de dicho Regla-mento debe realizarse durante los próximos meses y es esencial que el mercado único digital quede blindado ante la competencia ilícita de estos servicios.
• 3) Imposición de la obligación de colaborar a todos los servicios utilizados para la difusión del contenido ilícito. Deben acometerse las reformas para que la obligación de retirada del contenido ilícito llegue a cualquier tipo de servicio que sea utilizado por los infractores; en este punto, es necesario que los prestadores de servicios de mensajería instantánea, redes sociales, servicios en la nube, tiendas de aplicaciones, servicios que garantizan un acceso privado al contenido ilícito (VPN, CDN o proxy inverso) colaboren en la retirada del contenido ilícito y en la suspensión de los servicios infractores.
• 4) Medidas para exigir mayor implicación de aquellos sectores que siguen siendo las vías de financiación de los servicios infractores – servicios publicitarios, principalmente, pero medios de pago, plataformas de venta online y actores de la protección de datos. Avanzar en protocolos que eviten la financiación y obtención de beneficios económicos por los infractores. La estrategia follow the money es imprescindible y hace tiempo que requiere un nuevo impulso. Los datos sobre financiación mediante publicidad de las pá-ginas infractoras apuntan a la necesidad urgente de establecer algún tipo de medida para facilitar que los titulares de derechos, anunciantes y los servicios de publicidad trabajen para neutralizar no sólo el beneficio económico generado por la actividad ile-gal, sino también el daño reputacional que el vínculo con este tipo de actividades ge-nera, así como acuerdos de las grandes plataformas de venta online, protección de datos.
• 5) Adopción de medidas específicas y plenamente eficaces para proteger los contenidos culturales sensibles al tiempo, como estrenos, lanzamientos, novedades y publicaciones diarias.

Las películas y la series a la cabeza en piratería

Ignacio López, director de inteligencia de mercados NielsenIQ-GFK ha sido el encargado de presentar las principales cifras del estudio anual sobre piratería de contenidos digitales. En 2024 se ha consolidado el consumo de contenidos digitales ilegales en todas las industrias, incrementándose en la casi totalidad de ellas el porcentaje de individuos que acceden ilícitamente.

La clasificación la encabeza en esta ocasión la industria de Películas y Series, que ha visto cómo los consumidores piratas en formato físico o digital han pasado en un año del 27 por ciento al 39 por ciento. Porcentajes similares han registrado los Libros (38%) y la Música (34%). Les siguen Periódicos (25%), Imágenes (25%), Revistas (21%) y Videojuegos (18%).

El valor total de las descargas ha aumentado notablemente en 2024, hasta alcanzar los 42.782 millones de euros. La Música vuelve a ser la más castigada por estas prácticas ilegales, con 2.848 millones de accesos (+20%) con un valor estimado de 14.142 millones de euros. En esta ocasión, la segunda posición de la lista es para las series, que registraron 1.513 millones de accesos ilícitos valorados en 2.086 millones de euros. Una mayor cuantía, 9.642 millones de euros, tienen los 364 millones de videojuegos a los que se accedió sin permiso. Salvo los Periódicos, que experimentaron una leve bajada del tres por ciento en volumen de accesos y valor, las demás vieron crecer las descargas ilícitas y la cuantía económica de las mismas.

La piratería ha provocado a las industrias culturales en 2024 un lucro cesante de 3.032 millones de euros Este dño se reparte del siguiente modo: Periódicos y Revistas (752), Música (722 millones de euros), Películas y Series (721), Imágenes (369), Libros (260) y Videojuegos (208).

Hay un porcentaje muy significativo que habla también de las preferencias de los piratas digitales: prácticamente la mitad de los contenidos de todas las industrias a los que se accede ilegalmente son novedades, estrenos y lanzamientos: un 49 por cientp de los mismos tiene menos de un año de antigüedad desde su puesta en el mercado a disposición del público.

Razones de los piratas

Según aparece en el Observatorio 2024, la motivación mayoritaria es: “Pirateo para evitar pagar por un contenido que luego, posiblemente, no me guste”, argumento al que se acoge el 64 por ciento de los consumidores. Sin embargo, otros datos hablan de una mejora en la alfabetización digital (seis de cada 10 aseguran distinguir entre plataformas legales e ilegales) y una reducción de la percepción de la impunidad (se ha rebajado al 30% el número de usuarios que se amparan en que piratean “porque no pasa nada y lo hace todo el mundo”). Seis de cada 10 encuestados vincula la legalidad de una plataforma con la disponibilidad de los datos de contacto de la empresa.

Para el 32 por ciento una web cumple con la ley si muestra métodos de pago conocidos con sus logotipos y para un 24 por ciento si hay que realizar un pago y se indican los precios. De igual modo, el 21 por ciento confía si hay que registrarse y dar datos personales. Curiosamente, los más jóvenes (11-24 años) conceden legalidad a una plataforma si contiene marcas de publicidad reputadas.

Contradictoriamente, el 74 por ciento de los usuarios de descargas ilegales (eran un 57% en 2023) entienden que los creadores y las industrias de contenidos digitales son un sector estratégico y dinamizador de otros sectores (turismo, hostelería, telecomunicaciones…). Al mismo tiempo, cada vez son más (67%) lo que creen que en España existe una oferta legal de contenidos amplia y que además es muy fácil acceder a ella. “siete de cada 10 internautas ven en los creadores y las industrias culturales un sector estratégico y dinamizador de otros”.

Las redes sociales y la mensajería instantánea (Telegram, Facebook, WhatsApp e Instagram, por orden de preferencia) siguen su crecimiento (29% frente al 26% de 2023) como puertas de acceso a webs ilegales, aunque la fórmula más requerida por los consumidores continúa siendo, mayormente, la de los buscadores (56%), con Google a la cabeza acaparando la casi totalidad de la demanda (91%) y con otros en porcentajes residuales (Bing, Yahoo!, Brave…). La elección para ocho de cada 10 usuarios se produce entre las 20 primeras opciones ofrecidas por Google, mientras que cinco de cada 10 miran las opiniones antes de acceder. Los sistemas de descarga directa a través de webs (25%), las aplicaciones (24%) y el streaming (24%) son otras opciones. “Aunque no han conseguido desbancar a Google como principal portal de búsqueda y acceso a las plataformas ilegales, las redes sociales y la mensajería instantánea se disparan como vía cada vez más utilizada”.

El Observatorio de 2024 vuelve a prestar especial atención a las redes sociales y a la mensajería instantánea, que han aumentado su uso para acceder ilícitamente a contenidos culturales, en concreto: Facebook (39%), Telegram (39%), Facebook (36%), WhatsApp (27%) o Instagram (26%) .

Además, en el caso de Telegram, el 40 por ciento de los usuarios piratas pertenecen a un grupo donde se facilita el acceso. Concretamente, el 20 por ciento a Películas, el 20 por ciento a Libros, Revistas y Prensa, el 15 por ciento a Series, el ocho por ciento a Música, el seis por ciento a Videojuegos y el cinco por ciento a Imágenes. En WhatsApp es un 12 por iento el que pertenece a algún grupo que facilita acceso a contenidos. La mitad de los gruperos, tanto de Telegram (51%) como de WhatsApp (49%), se informan por los grupos de nuevos dominios cuando cierran los habituales de consumo ilícito. “Telegram y WhatsApp han ido adquiriendo cada vez mayor importancia como vías de acceso a contenidos ilícitos”.

Las fuentes de financiación de las plataformas ilegales

A la pregunta de cómo se financian los portales ilegales de contenidos culturales, la respuesta es similar a la de años anteriores: obtención de datos personales aportados por los internautas, publicidad y pago por consumo. El registro se ha convertido en la exigencia más requerida por los portales para acceder a contenido cultural de forma ilícita. De hecho, el 64 por ciento de los consumidores confiesa que ha necesitado aportar datos personales para proceder a las descargas, siendo el correo electrónico el dato más solicitado (52%). El teléfono es pedido en menor proporción, al igual que cumplimentar un cuestionario de opinión. Lamentablemente, aunque un 35% de usuarios experimenta desconfianza al dar estos datos al registrarse, ha disminuido la desconfianza con respecto al año pasado. “La obtención de datos personales aportados por los internautas, la publicidad y el pago directo para acceder son las principales fuentes de financiación de las webs piratas”.

Casi nueve de cada 10 usuarios (87%) reconocen que han accedido a portales que contienen publicidad, principal fuente de financiación de estas webs ilegales. Los anuncios son mayormente de páginas de venta online (43%), apuestas (40%) y primeras marcas (31%). A algo más de la mitad de los internautas les resulta molesta (51%) y, además, les persigue por otras webs (25%). Un 48 por ciento reconoce que el uso de estos portales ilegales ha incrementado la recepción de más spam y publicidad en sus correos electrónicos, teléfonos móviles, tabletas, etc.

Se ha producido un leve descenso en el número de usuarios que han pagado por contenidos en portales ilícitos, que ahora se sitúa en uno de cada cinco. Los métodos de pago más habituales son PayPal (44%) y la tarjeta bancaria (43%), con una cada vez mayor uso de Bizum (16%) y criptomonedas (15%). “Bizum y criptomonedas han aumentado su presencia como métodos de pago por acceso a contenidos”.

Una de las consecuencias de utilizar webs ilegales es que cuando surgen problemas o incidencias, en la mayoría de los casos no se resuelven. Así, el 77 por ciento de los usuarios de esas páginas asegura que después de experimentar un incidente nunca les fue solucionado, mayormente porque no encontraron la manera de hacerlo en el mismo sitio, porque el formulario no funcionaba o porque no les fueron respondidos los que habían cumplimentado.

Sobre la eficacia o no de las medidas establecidas por la Administración y las industrias para frenar los accesos a los portales ilegales, la realidad es que un 51 por ciento de los usuarios trataron de acceder a un portal que había sido cerrado o había dejado de existir, un porcentaje menor que el registrado en 2023. La búsqueda de estos contenidos ahora inaccesibles se había realizado en buscadores como Google, Bing o Yahoo! (47%), en portales pirata (30%), pero también en un porcentaje nada desdeñable en redes sociales y grupos de mensajería (20%). Solo el 22% recibió explicaciones del cierre y a un 12% se les redirigió automáticamente a otro sitio, como respuesta a una estrategia de continuidad por parte de algunos administradores: redes sociales y grupos de mensajería (5 de cada 10) y portales tipo pirata. “5 de cada 10 consumidores (51%) trataron de acceder a un portal cerrado o que había dejado de existir”.

Las motivaciones meramente individuales explican que los internautas no consuman contenidos digitales de modo ilícito: el miedo a que entren virus o malware (68%), la desconfianza ante un posible fraude (67%) y el temor a sufrir una estafa (66%). Se podría deducir que las campañas de concienciación han tenido su impacto en 2024 al constatar que un 54 por ciento estima que la oferta legal de contenidos es amplia y una mejor opción y que un 45 por ciento no accede porque perjudica a creadores y sector cultural. “Las campañas de concienciación han podido impactar positivamente en los internautas en 2024”.

Aunque ha descendido ligeramente el porcentaje, siete de cada 10 usuarios sigue estimando que el cierre/bloqueo del acceso a una página web de contenidos ilícitos, o el hecho de que no se permita acceder a la misma, es la medida coercitiva más eficaz. También se decantan por las sanciones a los proveedores de internet (68%) y las multas a los usuarios (52%), con un ligero aumento de la percepción de las campañas de concienciación (55%). “7 de cada 10 usuarios se decanta por el cierre/bloqueo de las webs piratas como principal medida coercitiva”. En la presentación también ha intervenido la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez.