Desde la Federación Iberoamericana de la Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA), junto a sus entidades socias en Argentina (CAIC, APAC y APIMA), han denunciado la amenaza a la continuidad de la industria audiovisual en dicho país.
El actual proyecto de Ley de Modernización Laboral (MSJ 35-2025) propone eliminar el financiamiento específico del INCAA, equivalente del ICAA en Argentina, forzándolo a depender de asignaciones generales del Tesoro Nacional. Esta medida no solo pone en riesgo la operatividad del instituto, sino que, en palabras de FIPCA, «ataca el corazón de un sector productivo que genera empleo, ingreso de divisas y valor agregado.»
La experiencia internacional (España, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos,etc.) demuestra que ninguna industria audiovisual sobrevive sin políticas mixtas de incentivo y fondos de fomento. Por eso, eliminar la autonomía presupuestaria del INCAA, lejos de ser un ahorro, «es condenar a Argentina a perder su capacidad productiva.»
Con el objetivo de dejar sin efecto el artículo 195 de dicho proyecto de ley, FIPCA ha redactado una carta dirigida a la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación Argentina. Desde la organización, ruegan a los profesionales del audiovisual a que acompañen con su firma el siguiente formulario, para dar fuerza a esta petición.
Carta de FIPCA
A la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la República Argentina
De nuestra mayor consideración:
Atendiendo a que el proyecto de Ley de Modernización Laboral (MSJ 35-2025) propone derogar los artículos de Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificaciones, artículos que garantizan el financiamiento específico del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), queremos hacerles llegar nuestra preocupación ante lo que puede significar un apagón audiovisual en Argentina.
Si bien esta reforma no elimina el INCAA, al quitarle sus fuentes de financiamiento específicas lo fuerza a depender de asignaciones generales del Tesoro Nacional, lo que en la práctica dificultará su funcionamiento y pondrá en riesgo la continuidad operativa de una industria que genera empleo, exportación de servicios y actividad económica de alto valor agregado en todo el país.
La eliminación del financiamiento específico al INCAA ataca al corazón del sector productivo, un sector que en todo el mundo se apoya en diversos mecanismos de financiación pública para competir en mercados globales. Todos los países con industrias audiovisuales desarrolladas poseen políticas mixtas de incentivo al sector: fondos públicos de asignación directa, sistemas de crédito fiscal e incentivos fiscales, y programas de cash rebate. Cada uno de estos mecanismos busca objetivos precisos: los primeros crean industria, fortalecen el ecosistema productivo y forman profesionales. Los siguientes buscan atraer inversiones privadas locales e internacionales. No se puede considerar los sistemas de incentivos fiscales o de cash rebate sin la existencia de fondos públicos que crean industria. La aplicación de estas políticas resultan en la creación de puestos de trabajo, la dinamización de múltiples sectores de la economía y el ingreso de divisas tanto por la exportación de contenidos como por la inversión extranjera. Y como efecto indirecto, la exportación de contendidos fortalece la marca país y promueve el turismo internacional.
Como ejemplo de lo mencionado se puede citar la película Avatar III, de reciente estreno en todo el mundo. Esta película calificó para el New Zealand Screen Production Rebate, un incentivo que ha devuelto a los productores hasta un 25% de los gastos de producción locales y ha generado cientos de millones de dólares de actividad económica en ese país. Hablamos de un film cuyo costo de producción se estima en cuatrocientos millones de dólares y que al día de hoy ha superado los mil millones de dólares en su recaudación global.
De modo similar, en el Reino Unido existe un régimen de Film Tax Relief que permite a producciones de gran escala reclamar hasta el 25% de sus gastos calificados, algo que ha ayudado a que películas como Star Wars o numerosas superproducciones internacionales elijan rodar y contratar talento local generando empleo, desarrollo tecnológico y actividad económica vinculada. Estas políticas de incentivo pueden hallarse en países muy diversos como España (con gran participación de la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Canarias), Puerto Rico, Canadá, Francia, Italia, Alemania, República Dominicana, Colombia y Uruguay, entre otros. Incluso en los Estados Unidos, estados como Georgia se consolidaron como centros de producción audiovisual gracias al otorgamiento de incentivos que atraen grandes proyectos, incluidos varios títulos de Avengers y otras películas y series de alto presupuesto, dinamizando las economías regionales.
Estos ejemplos indican que el apoyo a la actividad audiovisual no se trata de subsidios aislados o beneficios especiales, sino de instrumentos comparables a los que utilizan las principales economías del mundo para generar contenidos y competir por inversiones y talento en una industria global y dinámica.
En Argentina, el INCAA actúa como un mecanismo de coinversión público-privada para sostener la producción local, generar empleo y atraer inversión. Su continuidad y previsibilidad son clave para dar señales claras a inversores, casas productoras, trabajadores y mercados internacionales.
Gracias al financiamiento específico que posee desde hace más de seis décadas, el presupuesto del INCAA no compite con otras prioridades presupuestarias nacionales. De perderse esta potestad los fondos desaparecerán y el INCAA pasará a depender del presupuesto nacional compitiendo, ahora sí, con otras prioridades del Estado.
Sostener el fomento audiovisual es sostener reglas claras para competir. No es una discusión ideológica ni corporativa, sino una cuestión económica fundamentada en prácticas globales. Las decisiones legislativas que se adopten hoy definirán si Argentina mantiene una industria audiovisual capaz de generar empleo, divisas y exportaciones, o si, por el contrario, pierde capacidad productiva y se limita a consumir contenidos ajenos.
Por todo esto, las entidades y personas naturales que acompañan esta nota solicitan dejar sin efecto el artículo nº195 de la Ley de Modernización Laboral (MSJ 35-2025) que deroga los incisos a), b) y c) del artículo 21 y los artículos 22 y 23 de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificaciones.
