Si hace poco el Tribunal Supremo dio la razón a empresas que se habían deducido gastos en I+D+i para fomentar la innovación y la investigación, ahora es la Audiencia Nacional la que vuelve a dar un revolcón a Hacienda y revalida el modelo de Agrupación de Interés Económico (AIE) como motor de inversión para beneficiarse de incentivos fiscales en producciones audiovisuales.
En su reciente sentencia de 29 de enero de 2025 la Audiencia Nacional confirma que es procedente la deducción por inversiones en coproducciones cinematográficas prevista en la normativa del Impuesto sobre Sociedades para AIE’s. El requisito es que la agrupación esté inscrita en el registro de empresas audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes (ICAA).
Esta sentencia es una muy buena noticia para el sector del cine español, que gana en seguridad jurídica y refuerza la legitimidad de este tipo de agrupaciones como vehículo de producción y financiación del cine. Gracias a ello, los productores podrán planificar con más certeza y tranquilidad el uso obtenido con estos beneficios fiscales.
Hagamos un poco de historia: el Ministerio de Cultura de España ideó este mecanismo de deducciones en el año 2004. Bajo el sistema de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), empresas con liquidez podían invertir en producciones audiovisuales y, a cambio, obtener interesantes incentivos fiscales.
España ofrece un gran atractivo para las producciones audiovisuales internacionales, no solo por sus grandes profesionales, escenarios insuperables y condiciones meteorológicas y excelentes, sino también por este interesante marco tributario para la industria cinematográfica: cualquier producción audiovisual extranjera tiene derecho a una deducción fiscal del 30 por ciento, en el primer millón y del 25 por ciento en el importe restante de los gastos realizados en territorio español, siempre que estos asciendan como mínimo a un millón de euros o a 200.000 euros en el caso de las producciones de animación.
Este modelo ha permitido que grandes producciones de Hollywood, como ‘Juego de Tronos’, ‘Star Wars’ o ‘Fast & Furious 6’, se rodaran en España, atrayendo inversión extranjera y promoviendo el desarrollo de la industria audiovisual en nuestro país.
El litigio surgió cuando la AEAT rechazó la deducción fiscal aplicada por una AIE en la producción de un proyecto audiovisual en Canarias, negando la condición de productor cinematográfico a la entidad interesada. Hacienda argumentaba “la carencia de medios personales y materiales propios, por lo que la AIE no asumía riesgos ni tenía capacidad productora real”.
La Agencia Tributaria negó eficacia a los certificados expedidos por el ICAA en cuanto a su acreditación como verdadero productor cinematográfico, al considerar que la AIE era una estructura creada únicamente para trasladar ventajas fiscales a sus socios.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente de la propia Hacienda, confirmó esta decisión, lo que llevó a la AIE a interponer un recurso ante la Audiencia Nacional. Tras esta batalla en los tribunales, la Audiencia ha dictado una sentencia que anula la resolución del TEAC y establece finalmente que las AIE sí que eran verdaderas productoras cinematográficas a efectos fiscales.
El fallo tiene efectos inmediatos: Hacienda deberá devolver más de 100 millones de euros a los inversores de películas como ‘Fast Furious IV’ o ‘Furia de Titanes 2’, rodadas en España, y abre la puerta a que otras agrupaciones de interés económico reclamen las deducciones que les fueron denegadas en su día.
La sentencia es muy relevante para Canarias, donde este modelo de coproducciones cinematográficas ha atraído a numerosas AIE para aprovechar los interesantes beneficios fiscales de este sistema. Durante el año 2024 los rodajes en las islas se incrementaron más del 17 por ciento y generaron un negocio directo de unos 218 millones de euros y más de 14.000 empleos locales.
Así pues, la Audiencia Nacional declara improcedente la negativa de la AEAT a reconocer a la AIE la condición de productor y señala que es la propia legislación cinematográfica la que promueve la creación de las agrupaciones de interés económico como instrumentos idóneos y necesarios para favorecer la inversión en el sector.
La sentencia subraya la obligación de aceptar a estas entidades como productoras, tal y como las reconoció el ICAA, que es el organismo acreditado para ello. Así pues, el cine le gana una importante batalla a Hacienda y podrá seguir recibiendo financiación a través de las Agrupaciones de Interés Económico. Una buena noticia para todos quienes trabajamos en este sector.
Por Mabel Klimt, Socia Directora de Elzaburu, y Jaime Hormeño, Asociado Júnior de Elzaburu
