Los peores augurios se han confirmado y la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha declarado constitucional la controvertida Ley de Medios. El Grupo Clarín era el más interesado en que esta nueva ley no saliera adelante porque afectaba claramente a su estructura empresarial por lo que hasta la fecha la normativa no había sido aplicada.
A favor de la constitucionalidad de los artículos 41 y 45 votaron seis de los magistrados. El artículo 41 establece el límite de 24 licencias de cable a un mismo operador, una licencia de TV abierta o una de TV por cable en una misma ciudad; y no permite ser titular de más de una señal de contenidos.
Cuatro jueces del alto tribunal argentino fueron los que votaron a favor de los artículos 161 y 48. Sobre el artículo 48, según informa la edición online del diario Clarín, el Tribunal sostiene que no se ha probado en el juicio que «exista una afectación actual de la libertad de expresión» del Grupo Clarín por cuanto «no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica».
Además, la resolución del alto tribunal señala que “el Grupo Clarín es titular de licencias que están protegidas porque integran el concepto de propiedad constitucional. El modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada». La Corte Suprema de Justicia de Argentina «admite, en su faz individual, una casi mínima actividad regulatoria estatal». Ahora solo queda saber como va afectará la aplicación de esta nueva ley al potente sector de televisión argentino, que solo hace unos días desembarcaba con toda su fuerza en la ciudad de Cannes, con motivo de MIPCOM 2013, en calidad de ‘País de Honor’ del mercado de contenidos.
Por su parte, en un comunicado publicado en su edición online, el Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales.
El Grupo considera que los artículos cuestionados -como sostienen los tres votos en disidencia- contradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.
Tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron tres miembros de la Corte. Y al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión. Además, impedir el funcionamiento, como hace la ley, de medios que no usan espectro radioeléctrico, equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución y los tratados internacionales.
La prueba más concreta de la verdadera intención del gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción. Hoy más del 80% de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo. La ley busca medios que no sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado. De allí que desde 2009 se haya producido el cambio de manos de numerosos medios y el sojuzgamiento de tantos otros con recursos públicos.
En cumplimiento del fallo -que cuestionó tanto la implementación de la ley como la actuación de la autoridad de aplicación- el Grupo Clarín exigirá, en las instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida, que las mismas se adecúen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica, señalados por la Corte. Además, y también de acuerdo a lo expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas.
Finalmente, el Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión. Y de ese modo, condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia.
Me gustaría aclarar que la ley de servicios de comunicación audiovisual no es una ley «controvertida», fue trabajada a lo largo de más de 10 años y se pudo declarar su constitucionalidad a 25 años del primer intento de ley de medios de la democracia.
Fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y solo se llegó a estos 4 años de batalla judicial por culpa de la justicia «cautelar» y un fallo vergonzoso de cámara. En todas las demás instancias se reconoció su legalidad y legitimidad.
Pero como hay un jugador (el grupo clarín) que tiene más de 235 licencias de radio, tv y cable, tiene posición dominante en el mercado y es la voz que se escucha mayormente dentro y fuera del país (la mayoría de las noticias que circulan sobre Argentina en el mundo se basan en lo que dice clarín) puede generar la idea de que es una ley «controvertida».
Todos los demás grupos presentaron su plan de adecuación, clarín prefiere no cumplir la ley, desconocerla y victimizarse de cara a la sociedad y al mundo el día que la fuerza pública y el estado le quiten todos los medios que tienen por sobre lo que marca la ley.