La Plataforma RTVs Públicas en Lucha, nacida la pasada primavera, ha celebrado varias reuniones con grupos parlamentarios con representación en el Congreso para exponer su preocupación acerca de la situación que viven las autonómicas públicas.
Las reuniones se han dado la semana pasada en Madrid con PSOE, Sumar, Bildu, BNG, Compromís, ERC, Podemos, PNV y Coalición Canaria. La plataforma está formada por los comités de empresa de À Punt, RTV Andalucía y Canal Sur, IB3, RTPA, RTV Aragón, RTV Canarias, RTV Castilla-La Mancha, Canal Extremadura, TeleMadrid, CSAG y TV3. A pesar de que solicitaron reunión con PP y Junts, no recibieron respuesta.
Reproducimos a continuación el comunicado de la Plataforma RTVs Públicas en Lucha:
«Los comités de empresa de los medios públicos constatan el deterioro de la independencia informativa en las últimas semanas con casos groseros en À Punt, Canal Sur y la Radio Televisión Canaria. La Televisión Valenciana emitió una corrida de toros el día de la última manifestación contra la gestión de la dana por el ya ex presidente Carlos Mazón. La cobertura realizada por Canal Sur del escándalo por los errores en el cribado de los cáncer de mama en Andalucía ha generado indignación entre la propia plantilla de la cadena pública. Los trabajadores y trabajadoras han enviado una carta a la asociación AMAMA, que destapó el caso mostrando su solidaridad con las afectadas, y criticando la ocultación por parte de la cadena de esta crisis sanitaria.
En Canarias se prepara la reforma de la ley que regula la Radio Televisión de forma que haga posible la externalización de los servicios informativos, mientras el presidente Fernando Clavijo decía públicamente que la televisión pertenece al Gobierno. La plataforma de medios públicos denuncia que este tipo de actuaciones se repiten producto del afán de control político de los partidos y la avaricia de las empresas audiovisuales. La coordinación de las políticas externalizadoras llega al punto de que determinados artículos de las leyes de los organismos de radio y televisión autonómicos son literalmente copiados de una comunidad a otra.
La plataforma nació en la pasada primavera para poner en común la problemática que viven los organismos de radio y televisión. A la vista de los elementos comunes que se repiten, se está preparando una movilización para denunciar las malas prácticas de la Forta, la federación de televisiones autonómicas. La plataforma RTVs Públicas se propone también iniciar una ronda de conversaciones con los grupos políticos del Congreso de los Diputados para exponer las preocupaciones comunes. Esta iniciativa se da a los pocos meses de la entrada en vigor del reglamento europeo de libertad de medios de comunicación. En esta normativa se prevé la obligación de los gobiernos de garantizar la independencia editorial de los medios públicos. La aplicación en España de este reglamento se está haciendo a muy baja velocidad y pasa por la asignación de la vigilancia en este campo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La plataforma de medios públicos quiere expresar que el problema de la manipulación informativa atañe también a los medios privados. Si los medios públicos son débiles ante el poder político, los medios privados lo son ante el poder económico. Los responsables de la gestión de la publicidad de los medios privados interfieren frecuentemente en la decisión sobre los contenidos informativos. Solamente algunos medios digitales de última generación han empezado a tomar medidas contra el fenómeno. Todo ello indica que el problema es común y constituye una muestra de falta de calidad de la democracia española.
Los comités de empresa se han comprometido a intensificar las movilizaciones que vienen desarrollando por separado, acordando confluir en una histórica jornada de huelga simultánea aún pendiente de fecha. Podría convocarse el día de la lotería de Navidad o hacerse coincidir con la tramitación parlamentaria de la nueva ley reguladora de la Radio Televisión pública canaria, que consideran altamente lesiva.
La plataforma de medios públicos invita a la sociedad española a tomar conciencia de un problema que impide al país progresar al nivel de las democracias más avanzadas de la Unión Europea.»
