Las ayudas al desarrollo y la producción audiovisual por parte de las comunidades autónomas de España tuvieron una dotación total de 58 millones de euros en 2022, según un estudio realizado por la Federación de Productoras Audiovisuales (PROA), que ha recopilado todas las líneas de subvenciones autonómicas destinadas al sector.
Una de las principales conclusiones del Estudio de las ayudas de las comunidades autónomas para el desarrollo y la producción de obras audiovisuales 2022 es que la disparidad de criterios en las distintas convocatorias y el proteccionismo territorial lastran la capacidad de coproducir dentro del Estado.
Para elaborarlo, PROA se ha basado en las convocatorias publicadas durante el año pasado en cada comunidad autónoma. Aunque la información es de dominio público, los autores del informe señalan que “obtenerla ha sido un proceso farragoso”. Por eso hacen un llamamiento a las administraciones regionales para que ordenen las normativas y faciliten el acceso a la documentación.
El informe arroja otras conclusiones, como que Cataluña es la región que destina más inversión pública al audiovisual (31,29 millones de euros en ayudas), seguida de la Comunidad Valenciana (7,8 millones de euros) y Galicia (6,19 millones de euros). Nueve comunidades autónomas incluyen la fase de desarrollo de obras audiovisuales en sus convocatorias.
PROA, la federación de asociaciones de productores con presencia en Cataluña, Valencia y Baleares, de ha hecho llegar el informe a todas las administraciones autonómicas. La Federación considera que, si se desatomizan los presupuestos destinados al audiovisual, el ecosistema se verá reforzado para conservar la propiedad intelectual de las obras. “Eso representa un activo valiosísimo para la cultura y la economía del país”, agregan los autores.
Para alcanzar ese objetivo, el estudio propone algunas recomendaciones que impulsarían el desarrollo audiovisual financiado por las comunidades autónomas. Entre ellas destaca la unificación de definiciones en base a las que figuran en la futura Ley del Cine y la Cultura Audiovisual.
Además, desde PROA proponen flexibilizar los criterios proteccionistas territoriales, de modo que se facilite la cooperación entre industrias locales, la movilidad de talento y la profesionalización de los ecosistemas más frágiles. Según la Federación, una de las piezas clave para fortalecer la industria es, además, la búsqueda de sinergias entre administraciones y televisiones públicas.
El estudio también concluye que las líneas de ayudas deben tener en cuenta las particularidades de cada género audiovisual y apoyar las obras desde las fases iniciales de desarrollo. Para que las convocatorias recojan las necesidades reales de la industria, los autores del informe consideran imprescindible mantener abierto un diálogo permanente con el sector.
