Adepi, la asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, que agrupa a las principales entidades de gestión de derechos que operan en España ha lanzado la campaña Somos Gestión Colectiva, para defender la importancia de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual como una actividad «democrática, eficiente, solidaria, transparente y europea».
Somos Gestión Colectiva tiene la misión de promover esos valores y divulgar los beneficios de este modelo de gestión para los creadores, los usuarios de derechos y la sociedad en su conjunto, al ser el único sistema que garantiza la defensa de los intereses de todos y cada uno de los titulares, independientemente de su popularidad y éxito, y posibilita mediante la concesión de licencias la puesta en marcha y el desarrollo de negocios basados en la explotación de contenidos.
Las entidades de gestión españolas han emitido un manifiesto para defender esta causa ante las instituciones europeas, debido a la Directiva de derechos de autor en el mercado único digital (DAMUD) y oponiéndose de plano al papel que adquieren con esta normativa Google y otras plataformas en la gestión de derechos. El manifiesto de las integrantes de Adepi dice lo siguiente:
Por la independencia y pluralidad de la cultura europea
La Directiva de derechos de autor en el mercado único digital (DAMUD) concede a los editores de publicaciones periódicas, así como a los autores de los textos e imágenes que contienen, los derechos de reproducción y puesta a disposición del público de sus contenidos. Para garantizar el ejercicio de estos derechos es necesario que se proteja a todos y cada uno de sus titulares de la presión de las grandes plataformas tecnológicas, por lo que su trasposición a la legislación española debe mantener su gestión colectiva obligatoria e irrenunciabilidad.
Solo la gestión colectiva obligatoria permitirá establecer un equilibrio negociador que posibilite que los editores de prensa sean compensados adecuadamente. Asimismo, el derecho que confiere la Directiva a los autores (periodistas, escritores, fotógrafos, ilustradores, creadores de vídeo, etc.) a una participación de los ingresos obtenidos por los editores solo puede garantizarse mediante la gestión colectiva obligatoria.
Los pagos por la explotación de contenidos de prensa sin autorización expresa no los debe fijar de forma arbitraria un algoritmo cuyo funcionamiento está enteramente controlado por Google y es opaco para las AAPP, la opinión pública y los propios interesados. Las entidades de gestión están obligadas a informar pormenorizadamente a editores y autores sobre las cantidades recaudadas, por lo que gracias a la gestión colectiva todos ellos conocen el detalle de las licencias concedidas, su importe y las cantidades obtenidas, brindando información pública y transparente sobre tarifas, recaudaciones y repartos.
La gestión colectiva es solidaria, eficiente, transparente, democrática y europea. Frente a ese modelo, Google y otras plataformas imponen acuerdos confidenciales opacos a quienes se pliegan a sus condiciones. No hay que permitir que la opacidad de los contratos individuales afecte negativamente al derecho de los autores (periodistas, escritores, fotógrafos…) a percibir parte de la remuneración obtenida por el editor. La irrenunciabilidad de estos derechos equilibrará la balanza y evitará que los editores sufran presiones de Google u otros gigantes tecnológicos, que exigen cesiones de derechos gratuitas que privarían también a los periodistas y otros autores de la obtención de una remuneración adecuada por la explotación online de sus contenidos.
La gestión colectiva obligatoria repercute positivamente en la sociedad. Solo mediante la protección de las inversiones realizadas por los editores y el aseguramiento de una remuneración adecuada a quienes participan en la creación de las obras incluidas en las publicaciones de prensa es posible garantizar que, en un mundo invadido por bulos, noticias falsas, discursos de odio y desinformación, podremos seguir teniendo acceso a una prensa plural, veraz y de calidad.
La cultura europea tiene hoy unos enemigos muy poderosos, que intentan deslegitimar y reinterpretar la Directiva DAMUD, aprobada en abril de 2019. Prueba de ello es la presión que Google y otros ejercen para influir en la tramitación y contenido de la futura Digital Services Act, con el declarado objetivo de desvirtuar también el artículo 17 de la Directiva DAMUD, que regula el uso de contenidos protegidos por prestadores de servicios para compartir contenidos online.
Europa no puede aceptar que el marco jurídico establecido para los servicios digitales en la Directiva DAMUD, cuya trasposición en muchos países, entre ellos España, ni siquiera se ha iniciado, se vea modificado por la Digital Services Act, especialmente en relación con una eventual reducción de responsabilidades y obligaciones de los servicios digitales que, como intermediarios, explotan contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
La estrategia de Google para desestabilizar la tramitación de las normativas comunitarias cruza todas las líneas rojas de la legítima práctica del lobby corporativo, pues debilita la soberanía de la UE torpedeando el proceso democrático de toma de decisiones políticas con una concepción exclusivamente mercantilista de Europa que ninguna institución de la Unión y ningún Estado miembro debe aceptar.
