El Ministerio de Cultura ha presentado el Plan de Derechos Culturales, una hoja de ruta que redefine las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos. El Plan reconoce la cultura como un derecho fundamental y un bien común, vinculado al bienestar, la democracia y la justicia social, y plantea un cambio de paradigma subrayando su papel activo en la transformación social y en la consolidación de una democracia más justa y participativa.
El Plan incluye varias acciones relativas al ámbito cinematográfico. Por ejemplo, la medida 35 se refiere al Programa Cine-Escuela, impulsado por el Ministerio de Cultura y el ICAA, para promover la alfabetización audiovisual del alumnado mediante proyecciones, recursos didácticos y actividades. Programa Cine-Escuela, impulsado por el Ministerio de Cultura y el ICAA. También la medida 76 está dirigida a la Plataforma Cine en Municipios para facilitar el acceso a proyecciones cinematográficas en municipios pequeños, zonas rurales y territorios despoblados mediante un catálogo de películas para su programación local.
La Plataforma cine en municipios pondrá en marcha un proyecto piloto de plataforma de cine promoverá la difusión cultural, el derecho al acceso al cine y el fortalecimiento del tejido comunitario. La iniciativa tiene como finalidad contribuir a la descentralización cultural, el reequilibrio territorial y el arraigo de la población rural mediante experiencias culturales compartidas.
Además, la medida 78 se centra en la Red Cultural Rural que pretende corregir desigualdades territoriales mediante el refuerzo de programas existentes como Cine y Mujeres Rurales y Día del Cine Español, entre otros.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, han presentado el Plan en el Museo Nacional Reina Sofía, acompañados por representantes de instituciones y entidades implicadas en el proceso de elaboración del Plan de Derechos Culturales.
El Plan, en palabras del ministro de Cultura, “viene para impulsar una transformación de la cultura en nuestro país, en la manera de abordar la cultura políticamente, desde la gestión pública, pero también, y muy especialmente, sobre la consideración de la cultura y la forma en la que nos relacionamos con ella, como instituciones que son una extensión de la ciudadanía”. Además, ha añadido que “garantizar la democracia cultural es la primera prioridad estratégica de este Plan; allí donde hay desigualdad social existe también una profunda fractura en el acceso a bienes, saberes, recursos y prácticas culturales, y este Plan propone medidas específicas para coser esa brecha y ahondar en la democratización de la cultura”.
En este sentido, la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, ha destacado que “garantizar la democracia cultural exige hacerse cargo de las desigualdades estructurales existentes, reconocer a todas las personas como protagonistas de la vida cultural y promover modelos de gobernanza compartida”. Es por esto que, ha añadido, “el Plan impulsa medidas para reforzar la educación y la mediación cultural como claves del ejercicio efectivo de los derechos culturales”.
El Plan de Derechos Culturales se articula en torno a dos ejes fundamentales: la necesidad de poner la democracia cultural en el centro de la acción pública, garantizando condiciones de participación justas y equitativas para todas las personas; y la confianza en el potencial transformador de la cultura para ofrecer respuestas colectivas a los grandes desafíos contemporáneos, como la emergencia climática, la defensa de los derechos humanos, la libertad, la equidad y la construcción de la paz.
Así, y partiendo de esos ejes, el plan propone una serie de objetivos que se concretan en 146 medidas a cumplir en el corto, medio y largo plazo. Estos objetivos son:
- Garantizar la participación cultural en igualdad de condiciones, asegurando que todas las personas puedan acceder, participar y contribuir activamente en la vida cultural, eliminando barreras, corrigiendo desigualdades estructurales y reconociendo la diversidad de prácticas culturales.
- Abordar los retos contemporáneos desde la cultura, en ámbitos como la igualdad, la diversidad, el desarrollo sostenible, el territorio o la salud, física y mental.
- Promover un tejido profesional sostenible, con condiciones laborales dignas para profesionales y creadores, y fortaleciendo la sostenibilidad y la independencia del tejido cultural.
- Consolidar los derechos culturales como marco de acción pública, promoviendo su centralidad en las políticas públicas.
El Plan de Derechos Culturales se presenta como una hoja de ruta para ser compartida por todo el ecosistema cultural y la ciudadanía. Esto es, su propósito es activar nuevas formas de cooperación y corresponsabilidad entre instituciones, agentes culturales y sociedad civil, fomentando un modelo de gobernanza cultural más abierto, inclusivo y participativo.
Por esto, su proceso de elaboración ha sido participativo, incorporando la contribución de más de 300 personas expertas y representantes del sector cultural, así como las aportaciones de casi mil ciudadanos y ciudadanas a través de una plataforma digital abierta. Además, el Plan ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Cultura, y con la implicación de otros ministerios en el diseño de acciones de carácter transversal.
Con un doble horizonte temporal, el Plan de Derechos Culturales combina medidas de impacto inmediato con objetivos estructurales a medio y largo plazo. En el corto plazo, contempla acciones concretas a desarrollar durante la legislatura, orientadas a reforzar el ejercicio efectivo de los derechos culturales. A medio y largo plazo, establece una hoja de ruta para consolidar un sistema estatal de derechos culturales sólido, estructurado y sostenible.
El Plan recoge un total de 146 medidas para el periodo 2025–2030, de las cuales más de 100 se pondrán en marcha durante la legislatura actual. Cuenta con una dotación de 79.300.391 euros hasta 2027, de los cuales más de 46 millones corresponden a nueva inversión pública.
Incluye una inversión de más de 66 millones de euros destinada a distintas líneas de ayudas, entre las que destacan las nuevas convocatorias para proyectos culturales con especial impacto social, ayudas a asociaciones profesionales y sindicatos del sector, programas de cooperación en el medio rural y transferencias a las comunidades autónomas.
Se destinan más de siete millones de euros a proyectos específicos, como el programa de intervención cultural en centros penitenciarios dirigido a mujeres, o la mencionada plataforma de cine en municipios.
En el ámbito de la igualdad, el Plan de Igualdad de género en la cultura presentado en diciembre del año pasado constituye uno de los ejes del Plan de Derechos Culturales e incorpora acciones puestas en marcha, como la Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas en el Sector Cultural o la inclusión de criterios de género en las subvenciones públicas.
Asimismo, el Plan refuerza la cooperación de la cultura con otros ámbitos estratégicos. Incluye proyectos en centros educativos y formación artística para el profesorado, en colaboración con las comunidades autónomas; acciones con el Comisionado de Salud Mental para potenciar el vínculo cultura-salud; y con el Ministerio para la Transición Ecológica para impulsar la equidad cultural en el territorio y combatir la despoblación. También contempla iniciativas en memoria democrática y medidas para avanzar en la gobernanza digital de la cultura.
