El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). Según ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la norma desarrolla el reglamento europeo sobre esta materia adaptándolo al marco nacional.
López ha destacado la trascendencia del proyecto de ley, que se remite a las Cortes para el inicio de su tramitación. La regulación de la inteligencia artificial -ha señalado- es uno de los principales debates actuales en todo el mundo, ya que el desarrollo de esa tecnología afecta al presente y al futuro del empleo, la energía, la ciberseguridad, el desarrollo de los menores y las propias democracias, entre otros campos. El ministro ha agradecido la aportación a ese debate de la última encíclica papal, que defiende una visión de la inteligencia artificial humanista y respetuosa con los derechos humanos.
Óscar López ha rechazado, además, la dicotomía entre regulación y competitividad. España -ha argumentado- es uno de los líderes en la adopción de la IA, según informes como el de la Universidad de Stanford o el de la empresa Microsoft: cuenta con dos factorías de inteligencia artificial, empresas punteras en este campo, una estrategia nacional en la que se han invertido 1.500 millones de euros y un modelo de lenguaje de IA público y abierto (ALIA).
Al mismo tiempo, España es el país más avanzado del mundo en la regulación de la IA para crear un «modelo confiable» y que proteja los derechos de los ciudadanos, según ha sostenido el ministro. López ha subrayado que España impulsó el primer reglamento europeo de IA, aprobó una Carta de Derechos Digitales, puso en marcha el Observatorio de Derechos Digitales, fue el primer país de Europa en desarrollar una agencia estatal de supervisión de la IA y acogió la reunión inaugural del primer panel científico de IA constituido por Naciones Unidas.
Contenido de la ley reguladora de la IA
Óscar López ha detallado que la futura ley exige responsabilidad a los proveedores de inteligencia artificial: «Establece algo esencial que está en todos los debates de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos».
El titular para la Transformación Digital ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero en reclamar, en el Foro de Davos celebrado hace dos años, la responsabilidad de los directivos que desarrollan la IA, la supervisión humana, la transparencia de los algoritmos, la protección de los menores y la privacidad de los datos. López ha indicado que ese es el camino que luego siguieron otros países y que el proyecto de ley responde a esa filosofía.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Publíca, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
La norma adapta a la legislación una clasificación de inteligencia artificial en función del riesgo y establece un régimen de sanciones, una gobernanza del modelo, unas autoridades de confianza y un buen uso en la Administración.
El Reglamento europeo de IA, impulsado por la presidencia española, establecía ocho prohibiciones relacionadas con las técnicas subliminales, la explotación de vulnerabilidad, la clasificación biométrica, la puntuación social, la vigilancia predictiva, el reconocimiento de emociones, el ‘scrapping’ (extracción) de rostros o la identificación en tiempo real. El ministro ha recalcado que, a petición de España, la UE acordó el pasado 7 de mayo dos nuevas prohibiciones: que los sistemas de inteligencia artificial generen ‘deepfakes’ (suplantaciones de identidad realistas) sexuales y que hagan pornografía infantil, lo que supone «un avance muy importante en la protección de los menores y, muy especialmente, de las niñas, las principales víctimas».
Marco de gobernanza
La norma establece un marco de gobernanza mediante la designación de autoridades encargadas de supervisar su cumplimiento. El organismo central es la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña (Galicia). El ministro ha indicado que existen, además, una serie de autoridades de vigilancia del mercado. Por ejemplo, el Banco de España supervisará lo relacionado con el sistema financiero, la Agencia Española de Protección de Datos lo que tenga que ver con los datos, y el Consejo General del Poder Judicial lo concerniente a la justicia.
Otra de las aportaciones de la ley señaladas por Óscar López es el impulso del buen uso de la IA en el sector público estatal: «Hemos subido el listón de autoexigencia y, además de redoblar la exigencia sobre los modelos de inteligencia artificial y de transparencia que pueda usar la Administración Pública, se impulsa la figura del delegado de IA».
La norma también determina cómo articular la gobernanza de los entornos de pruebas (‘sandbox’) y establece medidas para facilitar a los proveedores de IA el cumplimiento de la legislación.
