La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los principales agentes del sector audiovisual han iniciado el proceso de firma del Acuerdo de corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los menores y mejorar la información que reciben las personas usuarias.
El acuerdo establece un modelo homogéneo de calificación por edades y descriptores de contenido, aplicable a televisión, servicios bajo demanda e influencers que tengan la condición de UER (usuarios de especial relevancia), «que permitirá a los espectadores tomar decisiones más informadas y facilitará el uso de herramientas de control parental.»
El acto de inicio de la firma contó con la participación de la presidenta de Competencia, Cani Fernández, y de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz. Durante su intervención, Cani Fernández subrayó que «el mundo audiovisual evoluciona, y debe contar con marcos regulatorios adaptados a esta realidad, consensuados entre todos y, sobre todo, pensados para favorecer a todas las personas consumidoras y usuarias, especialmente a los más jóvenes». Por su parte, María González Veracruz destacó que «con esta firma demostramos que innovación y protección pueden avanzar juntas, y que la protección de nuestros menores es una prioridad transversal, que nos afecta a todas y todos, y que cuando instituciones, reguladores, industria audiovisual y sociedad civil trabajan conjuntamente, las soluciones se convierten en realidad».
El texto es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, durante los cuales se han llevado a cabo dos consultas públicas y un intenso proceso de colaboración con operadores, prestadores de servicios y autoridades competentes. Asimismo, se ha trabajado estrechamente con las comunidades autónomas, tanto con aquellas que disponen de autoridades audiovisuales independientes como con las que ejercen estas competencias a través de sus consejerías, incluyendo también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
FORTA o AUTOCONTROL, además de organizaciones de consumidores y usuarios, como AUC, iCmedia o Plataforma de Organizaciones de Infancia, forman parte del acuerdo suscrito.
Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, incluyendo a los Usuarios de Especial Relevancia, deben estar adheridos a un sistema de regulación como el establecido en este acuerdo. En caso contrario, la CNMC podrá iniciar actuaciones sancionadoras desde el día siguiente a la firma de este primer acuerdo.
En el ámbito autonómico, la adhesión al acuerdo se producirá de forma progresiva. Cuando una comunidad autónoma se adhiera, permitirá que los prestadores bajo su supervisión —principalmente televisiones autonómicas y locales— puedan incorporarse al sistema.
Las adhesiones, en el momento de la firma inicial, son las del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACV), así como las autoridades audiovisuales de Castilla-La Mancha y Navarra.
El acuerdo permite que haya firmantes iniciales, que lo suscribieron en el momento de su firma, y aquellos que podrán adherirse con posterioridad. Durante el primer año, los órganos de gobernanza estarán integrados por representantes de los firmantes iniciales. A partir del segundo año, estos órganos se renovarán de forma rotatoria, permitiendo la participación de todos los adheridos.
Una vez entre en vigor, se pondrá a disposición del público un formulario para que puedan presentar las reclamaciones que consideren, ante posibles errores por parte de los prestadores adheridos en relación con la calificación de edad de un programa o la utilización de los descriptores.
