En uno de los vídeos que promueve el principal partido de la oposición ante las elecciones venideras, la esposa del presidente del gobierno parece hacer, mediante inteligencia artificial, afirmaciones dictadas por sus antagonistas políticos, verosímiles en apariencia pero por entero falsas.
La señora Gómez ha denunciado a los responsables por delito de acoso, por emplear, sin consentimiento de su titular, la imagen de una persona para realizar anuncios (…) en (…) cualquier medio de difusión pública, ocasionándole (…) situación de acoso, hostigamiento o humillación, según redacción del Código penal.
Está por verse si la denuncia prospera. Entre tanto, deseamos considerar aquí otros dos aspectos legales de la situación: la ultrasuplantación de la imagen de la Sra. Gómez y la posibilidad de que nos hallemos ante una mera caricatura o parodia. Ambos remiten al derecho a la propia imagen. Aclaremos que es sumamente discutible la concurrencia aquí de parodia en el sentido previsto en la Ley de Propiedad Intelectual (tratada en otra entrega anterior), distinta de la que nos ocupa, y aun de haberla, no excluiría el examen que sigue.
Más allá de la obligación de advertir de su naturaleza al público por aplicación de normas europeas, los denominados deep fakes no están aún regulados en la ley española. Se prevén en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 1/1982 al que ya aludimos en otro artículo, pero su promulgación es incierta. Según este, será lícita la caricatura o parodia de acuerdo con el uso social de quienes tengan una profesión de notoriedad o proyección pública, cuando la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
Caricatura significa, según la Real Academia, obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto; y parodia, imitación burlesca. El proyecto legislativo prevé también que puedan usarse ultrasuplantaciones con fines satíricos siempre que el público sea advertido de ello y se haga sin importunar el disfrute de la obra.
Aunque puede argüirse la índole caricaturesca, paródica o satírica del vídeo en cuestión, sea o no una obra de arte, es preciso, dicen los tribunales, que se ajuste a los usos sociales y que el público pueda discernir con claridad el remedo. Justamente por su hiperrealismo técnico, el vídeo analizado difumina la frontera entre la burla legítima y el engaño deliberado, dificultando que el espectador casual distinga de inmediato la ficción de la realidad.
Ciertamente la grabación incorpora una tenue advertencia sobre su origen artificial en sobreimpresión, pero tan diminuta, apenas perceptible, que podría quebrarse el amparo de la excepción satírica, transformando la legítima crítica política en una potencial vulneración del honor. En el contexto de una campaña electoral, el impacto de una declaración falsa es inmediato y difícil de reparar, lo que podría agravar el daño reputacional.
Nuevas leyes y sentencias habrán de aclarar si este tipo de vídeos quedan amparados por el humor o la crítica cuando su resultado pueda acarrear desinformación masiva y la distorsión del debate democrático.
