Aprobada la nueva directiva audiovisual europea, con cuotas de inversión obligatoria para las plataformas digitales

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El Parlamento Europeo ha aprobado en Bruselas la nueva normativa audiovisual, con 452 votos a favor, 132 en contra y 65 abstenciones.

La revolución que el sector audiovisual ha vivido en los últimos años ha obligado a la Unión Europea a revisar su directiva específica para esta industria. En 1989 se aprobó la Directiva Televisión Sin Fronteras, revisada en 1997 y 2007, y convertida en la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales en 2010. Desde 2015 se viene trabajando en un texto que acaba de ser aprobado y que todavía tendrá que esperar para entrar en vigor, previsiblemente hasta 2021. Las alemanas Petra Kammerevert y Sabine Verheyen, miembros del Parlamento Europeo, han sido las encargadas de dar la rueda de prensa sobre la nueva directiva.

Refuerzo de la producción europea

© European Union 2018 – Source : EP. Marc DOSSMANN

Tal y como se venía adelantando en los últimos meses, las nuevas reglas para el terreno audiovisual no sólo se aplicarán sobre las televisiones, sino que plataformas digitales como Netflix, YouTube, HBO, Amazon o Facebook también tendrán que adaptarse al nuevo escenario legal de la Unión Europea. Incluyendo las retransmisiones en directo.

Una de las peticiones más ansiadas por los productores era el establecimiento de una cuota mínima de obras europeas en el catálogo de los servicios bajo demanda. La UE ha cumplido el deseo y ha fijado en el 30 % el porcentaje mínimo de producción europea en la oferta a la carta.

Además, las plataformas también tendrán que contribuir al desarrollo de la producción audiovisual europea, “mediante inversión directa en contenido o con contribuciones a los fondos nacionales”. En este caso, Bruselas indica que el nivel de contribución en cada país deberá ser proporcional a sus ingresos por vídeo a la carta en ese país.

En el caso de España, Netflix acaba de anunciar su cuarta serie española y espera aumentar el número a siete para 2019. Además, tiene otros tres largometrajes españoles en marcha y con previsiones de sumar más títulos. Será también el próximo año cuando Netflix abra nuevas oficina en Madrid, además del centro de producción en Tres Cantos. Por su parte, HBO España está participando en el desarrollo de ‘Patria’ de Aitor Gabilondo, mientras que Amazon acaba de comentar en Londres que está trabajando en sendas series con Boomerang TV y Tornasol.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual a nivel nacional invirtieron a lo largo de 2016 un total de 269,12 millones de euros en obra audiovisual europea, lo que supuso un aumento del 49,56 % con respecto al ejercicio anterior (179,93 millones de euros). El aumento en series de ficción es el responsable de la subida.

Texto resultante de las negociaciones de Consejo y Parlamento Europeos (en castellano)

Contenidos violentos

La nueva directiva indica que todos los proveedores de servicios audiovisuales deberán tomar medidas para combatir el contenido que incite a la violencia, el odio y el terrorismo, y la violencia gratuita y la pornografía estarán sujetas a reglas estrictas.

En el caso de plataformas con contenidos generados por el usuario, la UE invita a los responsables de las mismas a crear “un mecanismo transparente, sencillo y efectivo para permitir a los usuarios marcar el contenido o notificarlo a los administradores del sitio.”

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La publicidad podrá suponer un máximo del 20 % del tiempo de emisión entre las 6:00 y las 18:00 horas. El mismo límite del 20 % se aplicará al horario de máxima audiencia, que queda fijado entre las 18:00 y las 0:00 horas.

El emplazamiento de producto y la teletienda quedan vetadas para los programas destinados al público infantil. Además, los países podrán decidir si también quieren prohibir los patrocinios en estos programas.

La normativa también incorpora disposiciones sobre accesibilidad, integridad de la señal y refuerzo de los organismos reguladores.

El nuevo texto pasa ahora al Consejo de Ministros, donde debe ser aprobado antes de su publicación en el Diario Oficial y de su entrada en vigor. Los estados miembros de la Unión Europea, entre los que se incluye España, tendrán a partir de entonces 21 meses, casi dos años, para trasladar las nuevas normas a su legislación nacional.

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