Segundo texto presentado en el VI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social que se celebró en diciembre pasado en Tenerife
Desde los primeros años del siglo XX y muy especialmente desde la incorporación del cine sonoro en España dos palabras has sido claves en la industria fílmica de nuestro país: crisis y ayuda. Ningún otro concepto ha sido tan usado y tan repetido en estos dos términos. La crisis que mostraba una carencia y una búsqueda permanente de nuestra industria y la ayuda (estatal, pública, autonómica…) como una necesidad para mantener este sistema.
Ambos conceptos están directamente relacionados con la idea de marca cine español y, sobre todo, con la transparencia informativa y comunicativa que la industria y el Estado ha hecho. La dependencia del cine a las ayudas o subvenciones es tan importante (y necesaria según muchos sectores) que el uso de la información, los plazos y los requisitos para solicitar estos beneficios han sido esenciales para poder levantar proyectos, películas e, incluso, productoras.
La investigación que presentamos se centra en la (des)información y transparencia en torno a la relación Estado e Industria. Por ello estudiamos y analizamos las Webs de los agentes más importantes del sector, es decir, las dependientes del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dentro del actual Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. Un análisis sosegado de estas nos permite mostrar que la información aún pública no se ofrece con la suficiente claridad. Además se observan errores y erratas fundamentales en la documentación extra de estas organizaciones gubernamentales.
Palabras clave: cine español, transparencia, marca cine español, ayudas, subvención.
- Introducción
Suponer que una sociedad o un modelo de gobierno cambian por la promulgación de una Ley es, sin duda, una ilusión. Incluso un texto tan importante como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es incapaz de modificar, por sí solo, la rutina y los malos hábitos de una nación. Sin embargo, como bien indica el profesor Guichot Reina, cuando el 10 de diciembre de 2013 se editó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la ley 19/2013 muchos creyeron que se trataba de un excelente comienzo para realizar ese cambio. En palabras de Guichot:
Se trata de una iniciativa cuya importancia política y jurídica es difícil exagerar. Evidentemente, una Ley como ésta no cambia por sí sola una sociedad, si no va acompañada de una mejora en la ética pública (de gobernantes y gobernados) o, al menos, de garantías efectivas de su cumplimiento y de una voluntad ciudadana de conocimiento, participación y control. Pero, sin duda, una Ley de la Transparencia es la ley más importante que puede aprobarse para lograr una mejor gestión, una mayor participación y, por ende, un menor grado de corrupción (Guichot Reina, 2014: 91).
Esta nueva Ley debía servir de base para gestionar la transparencia, el acceso a la información pública y establecer un nuevo marco para el buen gobierno. Sin duda, suponía un avance transcendental para iniciar el derribo de las barreras existentes entre el Estado y sus instituciones y el ciudadano común. La alusión al “buen gobierno” en el propio nombre del texto parecía invitar a los políticos y a los ciudadanos al recuerdo del famoso mural de Ambrogio Lorenzetti y al no menos célebre ensayo del jurista y filósofo Quetin Skinner. El pintor sienés y el pensador británico pensaron que aquello que alejaba la guerra, la enfermedad y la destrucción era la armonía de un “buen gobierno”. Como bien defiende Skinner, resulta complejo saber cuál era la definición exacta de ese modelo de estado propuesto por Ambrogio Lorenzetti (y de su hermano Pietro), pero podemos suponer que su república se basaba en los principios básicos democráticos y que “la equidad y la concordia” estaban presentes (Skinner, 2009: 63).
En la sociedad contemporánea la transparencia se ha transformado en uno de los pilares básicos de la democracia y de los modelos de relaciones humanas. Algunos pensadores, como el alemán de origen coreano Byuing-Chul Han, han alertado que el exceso de control y el acceso a toda la información personal pueden devenir en una transparencia total que terminará transformándose en una sociedad distópica. No se alcanzaría la deseada utopía de la información sino todo lo contrario, es decir, la transparencia dejaría de ser un beneficio social para convertirse en una maldición para cada individuo (Han, 2013). No obstante, si bien parece que la transparencia debe tener unos límites mínimos, no menos evidente resulta la necesidad de informar y de posibilitar a los ciudadanos para conocer cuáles son las actividades, los gastos y los movimientos que realizan los gobernantes.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es especialmente importante en la industria cinematográfica española. Como es sabido las productoras españolas dependen de una forma significativa de la ayuda del Estado y de los gobiernos estatales y autonómicos. Por ello el acceso a la información (a los plazos, necesidades y exigencias de las convocatorias) y la transparencia con la que se otorgan estas ayudas resultan tan importantes para las productoras, exhibidoras… y el colectivo completo del cine español.
El profesor y productor, ganador de dos Premios Goya, Ramiro Gómez B. de Castro describe así la relación Estado-Industria:
El cine español ha tenido en los últimos cincuenta años una marcada dependencia de la financiación pública. Las subvenciones estatales han llegado a cubrir, en ocasiones muy generosamente, los costes de algunas señaladas películas, bien por su gratitud ideológica, bien porque los favores del público, al engrosar la taquilla, elevaban sobremanera la protección automática (Gómez B. de Castro, 2005: 84).
Por todo ello, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno supone una oportunidad única para fijar y establecer unas normas claras y meridianas para repartir, obtener y lograr las ansiadas ayudas y subvenciones estatales. Atendamos a lo que nos indica el propio texto legal.
Acertadamente en su preámbulo se indica que:
Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos (Ley 19/2013, de 9 de diciembre).
Y continúa señalando que:
La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública– (Ley 19/2013, de 9 de diciembre).
Nos interesa, sin profundizar en el detalle de Ley (algo que sobrepasa los límites de esta investigación) detenernos en el cine, uno de los ámbitos industriales y creativos con supuesta proyección cultural, de gran repercusión social y económica y sobre el que las relaciones Estado-industria demandan especial atención, puesto que nos obligan a centrarnos en varias cuestiones: quién pone en marcha los proyectos, cómo se diseña la política de ayudas y de qué manera y por qué medios se difunden los acuerdos alcanzados.
- Las ayudas del Estado al cine español en la historia y su transparencia
A lo largo de más de treinta años hemos estudiado y analizado el devenir del cine español, y de manera especial todo aquello que tiene que ver con las ayudas que, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone al alcance de los profesionales y la industria (García Fernández, 1985). No supone novedad alguna el mencionar que desde hace más de ochenta años el Estado ha arropado económicamente al cine español y lo ha hecho desde la perspectiva de unos créditos sindicales, subvenciones y ayudas que, en el fondo, supuestamente han buscado el fomento del cine español.
Siempre se habla de la “protección estatal”. Durante el franquismo, sabemos, que esa “tutela” llevó emparejadas otras acciones supervisoras del hecho creativo (O.M., de 23 de abril de 1941). El doblaje generó una gran crisis en el sistema, que se pretendió corregir con los permisos de importación (O.M., de 18 de mayo de 1943) y con las licencias de doblaje (O.M., de 31 de diciembre de 1946). Durante el franquismo el sistema de ayudas, premios y menciones estatales supuso una estrategia para lograr el control sobre el producto. Como indica Carlos F. Heredero se legislaba para intervenir (Heredero, 1993: 38). El modelo de “protección estatal” español ha resultado muy atípico dentro del panorama internacional (Gubern: 1989), que se ha construido sobre una maraña de leyes que no han hecho más que evidenciar la poca transparencia en el sector.
Como hemos observado en otras investigaciones los directores afines al franquismo, especialmente aquellos que se sumaron a la apuesta del cine religioso, obtuvieron suculentas ayudas y subvenciones (Deltell, 2006: 79). El General Franco no sólo presentó atención a la industria cinematográfica española sino que creó, por primera vez, un sistema de ayudas y subvenciones que “iban acompañadas de una intervención censora, que implicaba el control de los guiones y las obras terminadas y un subjetivo proceso de calificación de las películas, según el interés y el valor que presentaban para el régimen” (García Fernández, 2011: 245).
Este complejo sistema de ayudas y de censuras acabó sirviendo para consolidar un sistema de trabajo especulativo que puso las bases para todo lo que vendría después. Y así hasta el día de hoy, pues en 1977 se actualiza la normativa con “una decidida orientación de la ayuda estatal al cine de calidad y una adaptación general de la política de fomento de la cinematografía a la realidad actual y a su cometido cultural, bien de difusión o de creación” (R.D. 3.071/1977, de 11 de noviembre), introduciendo definitivamente cuestiones como la “libertad de expresión” y señalando el “componente básico de la actividad cultural”. En 1980 el cine español seguirá recibiendo respaldos pues, aunque es una industria “que atraviesa actualmente una situación crítica, es una industria de gran interés cultural, necesitada de medidas de protección y de fomento” (Ley 3/1980, de 10 de enero).
Con la implantación de la democracia en España se busca organizar y unificar la normativa cinematográfica vigente mediante un Real Decreto que “está constituido por las tradicionales medidas de fomento de la cinematografía, es decir, medidas de ayuda a la financiación de películas, subvenciones y cuotas de distribución y pantalla”, además de introducir:
como novedad sin precedentes en nuestro ordenamiento la concesión de subvenciones anticipadas para financiar la producción de películas españolas, que pueden alcanzar hasta el 50 por ciento del coste presupuestado de las películas beneficiadas. Con esta medida se busca facilitar la producción de películas de calidad, las proyectadas por nuevos realizadores, las dirigidas a un público infantil o las que tengan carácter experimental” (R.D. 3.304/1983, de 28 de diciembre).
Lo más reciente, se encuentra en el preámbulo de la última Ley de cine en el que se dice, en desde su primera línea que “La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía. Como manifestación artística y expresión creativa, es un elemento básico de la entidad de la cultura de un país” (…) “Por ello, se considera necesario adoptar un marco normativo adecuado basado en cuatro principios fundamentales: la definición y el apoyo a los sectores independientes que existen en nuestra cinematografía, tanto en el ámbito de la producción como en los de distribución y exhibición. La creación de mecanismos que eviten los desequilibrios que actualmente existen en el mercado audiovisual. La adaptación de las nuevas tecnologías y formatos que se han ido introduciendo en este campo, con especial atención a cuanto suponen los inminentes procesos de digitalización. El respaldo a la creación y a los autores como fuente de origen de la relación que las obras tienen que mantener con sus destinatarios naturales, los ciudadanos” (Ley 55/2007, de 28 de diciembre). Se hace hincapié en la “dimensión cultural y el carácter industrial de la actividad cinematográfica y audiovisual”. También se insiste en “mejorar el tejido industrial (…), consolidar y robustecer la estructura empresarial, la financiación y amortización de los costes de las inversiones necesarias para el afianzamiento de un nivel continuado de producción de obras de contenidos diversos y con una calidad suficiente para garantizar la rentabilidad y sus posibilidades de acceso al público”.
Con apenas siete acercamientos a la normativa general cinematográfica que regula dichas actividades en España, se confirma que estamos hablando de un sector muy dependiente del Estado y que éste ha intentado establecer unas reglas de juego que, por lo que se ve, desde hace ochenta años, no son entendidas por las partes implicadas. Es decir, si uno diseña la norma el otro la interpreta como le interesa. No existe responsabilidad por quien asume compromisos económicos, más bien intenta aprovechar todos los recursos para proteger sus iniciativas sin preocuparse del compromiso que asume al entrar en dicho marco protector. Tampoco hay exigencia por quien provee de recursos que salen de un fondo común. Queremos decir con esto que cuando un productor, distribuidor y exhibidor entra en la dinámica de ayudas propuestas por el ICAA debería saber que debe informar puntualmente sobre todo lo que afecta a terceros que, en este caso, somos los ciudadanos que invertimos en producción audiovisual. Lo mismo el organismo estatal o autonómico afectado por toda la regulación existente.
- La información pública en materia cinematográfica
Uno de los aspectos claves de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno era, como indica su propio nombre, la importancia al acceso de la información, es decir, no sólo se debía ofrecer los datos y acciones de los gobernantes sino que éstos debían preocuparse porque estos documentos fuesen de fácil localización.
La información de referencia cinematográfica en España la encontramos en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales). Son, por tanto, estas dos organizaciones públicas las encargadas de facilitar la información pertinente a los ciudadanos en primer lugar y, después, a las empresas interesadas en los diversos procesos.
En la página web del ICAA, en su presentación, se nos dice que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y a la producción audiovisual. Además, nos explica sus funciones, objetivos y líneas de actuación.
Entre sus funciones se encuentran:
1) Fomentar, promocionar y ordenar las actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, distribución y exhibición. 2) Recuperar, restaurar, conservar, investigar y difundir el patrimonio cinematográfico. 3) Contribuir a la formación de profesionales en las distintas especialidades cinematográficas. 4) Mantener relaciones con organismos e instituciones internacionales y extranjeros de fines similares. 5) Cooperar con las Comunidades Autónomas en materia de cinematografía y artes audiovisuales (Web ICAA).
Entre sus objetivos están:
1) Desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas. 2) Alcanzar una proporción aceptable de mercado interior que permita el mantenimiento de todo el conjunto industrial del cine español. 3) Mejorar el grado de competencia de las empresas e incentivar la aplicación de nuevas tecnologías. 4) Potenciar la proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas. 5) Salvaguardar y difundir el patrimonio cinematográfico español. 6) Fomentar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas en materia de cinematografía y artes audiovisuales (Web ICAA).
Por último, la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del ICAA nos indica que entre sus líneas de actuación se encuentra: 1) Fomento, promoción y ordenación de las actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, distribución y exhibición. 2) Difusión de la cinematografía española en el exterior. 3) Recuperación, restauración, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico. 4) Cooperación nacional e internacional.
Esta web debería ser el territorio y el mapa que consultaran tanto los investigadores, como los profesionales o cualquier ciudadano interesado. Su diseño, su lectura y el encuentro con la información deberían ser rápidos, sencillos y claros. Básicamente deberían ser transparentes para el conocimiento general de los españoles. Pues bien, esta página web resulta atractiva en primera instancia, pero cuando se trata de explicar, difundir o concretar algo relativo a esa relación económica fundamental en el sostenimiento de la industria cinematográfica, la cosa ya no parece tan relevante. Es más: no existe una información completa y hay sólo una pequeña aportación al respecto desde hace poco tiempo, desde 2006, año desde el que se han proporcionado datos en la web del ICAA.
Al hablar de transparencia implica que los sujetos participantes de una relación (Estado y empresas y profesionales del sector audiovisual) sepan que sus iniciativas y proyectos deben ser conocidos por todos desde el mismo momento en el que reciban una de la ayudas que promueve el Estado, al igual que éste ha de difundir por sus medios los resultados habidos.
El problema se encuentra cuando se incumple la normativa en materia de transparencia. El estudio coordinado por María Pilar Cousido y María Estella Gutiérrez (2008: 218 ss) deja en evidencia las lagunas que existen y, especialmente, la opacidad que se produce en todo lo concerniente a las acciones llevadas a cabo en el seno de los diversos comités, jurados y comisiones evaluadoras de los proyectos que se presentan en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ICAA cada año. Se observa que el ICAA hace publicidad de todas las convocatorias que anualmente realiza, pero la posterior actuación de comités como el de Análisis y Seguimiento del Mercado, el de Expertos, el Asesor de Ayudas a la Distribución y los Jurados de Ayuda para el Desarrollo de Guiones, generan toda la opacidad posible porque ni los ciudadanos ni los profesionales y tampoco las empresas implicadas llegan a conocer cuál ha sido el trabajo realizado y los criterios aplicados realmente.
En las convocatorias anuales de los últimos años se contemplan como ayudas concedidas por el ICAA, las siguientes:
1) Ayudas a la creación y al desarrollo (Ayudas para el desarrollo de proyectos de películas cinematográficas de largometraje; Ayudas para el desarrollo de guiones para películas de largometraje).
2) Ayudas a la producción (Ayudas a la producción de largometrajes; Ayudas a la producción de largometrajes en régimen de coproducción internacional).
3) Ayudas a la amortización de largometrajes (General, Complementaria).
4) Ayudas a la producción de cortometrajes (Proyectos de cortometraje; Cortometrajes realizados).
5) Ayudas a la producción de series de animación sobre proyecto.
6) Ayudas a la producción de películas y documentales para televisión sobre proyecto.
7) Ayudas a la minoración de intereses de préstamos bancarios (en dos modalidades: Para la exhibición cinematográfica y para la adquisición y mejora de equipamientos de producción cinematográfica; Para la financiación de la producción).
8) Ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías.
9) Ayudas a la distribución de películas cinematográficas comunitarias.
10) Ayudas a la conservación de negativos y soportes originales.
11) Ayudas para la participación y la promoción de películas en festivales internacionales (Web ICAA).
Si tenemos en cuenta que el sector del automóvil en 2014 ha disfrutado de cuatro planes[1], que el sector del carbón, en su “Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018” también contó con tres tipos de ayudas[2], que los asuntos marítimos y de pesca tiene también sus ayudas[3], que el sector naval dispone de cuatro tipos de ayudas globales[4], que el sector aeronáutico también recibe ayudas oficiales[5], al igual que el sector del calzado[6], etc., etc., podemos pensar que quizás la industria cinematográfica y audiovisual española disfruta de más privilegios. Y puede ser que no. Pero también hay que pensar en el valor real de esta industria dentro del contexto general del PIB nacional. Es una realidad inamovible, al margen de que cada sector reclame para sí lo que considera es de ley o le debe corresponder.
Podemos señalar, en este sentido, a partir de los datos actualizados de que disponemos, proporcionados básicamente por el Ministerio de Cultura, que la denominada “industria cultural” ha significado en 2010 el 3% (correspondiendo al cine y video el 10,6%) del PIB nacional con 550.000 empleos y unos 32.000 millones de euros[7] (en 2012 el nivel de empleo se había situado en 457,6 mil personas[8]). La aportación del audiovisual y multimedia al PIB durante el periodo 2008-2011 fue de una media del 0.70% (un 25,9% del PIB cultural), con una facturación que evoluciona de los 8.064 a los 7.064 millones de euros[9]. Según el Anuario de Estadísticas Culturales de 2014 el número de trabajadores dedicados al ámbito de la cultura ha ascendido a 485.300, y que el 8,4% de las 108.556 empresas están dedicadas a actividades cinematográficas, de video, radio, televisión y edición musical[10].
Pero más allá de estas evidencias, que sin duda sirven de orientación sobre cómo está el sector cultural (datos, por cierto, que se proporcionan con uno o dos años de retraso), lo que no podemos esquivar o ignorar es la obligación de hacer transparente lo que debe ser y todavía no es. Los grandes números sirven para establecer el territorio sobre el que se trabaja y lo que representa en el conjunto de aportaciones españolas. La orientación que el ciudadano recibe de cómo van las cosas es positiva para comprender mejor qué volumen de actividad hay en el sector. Pero ello no debe favorecer el ocultamiento de otras informaciones que han de dar mucha más luz sobre toda la actividad creativa y de producción que se genera anualmente y en las condiciones que se desarrolla.
En este momento, nos interesa centrar la atención en la transparencia informativa en el sector público y sobre el cine español y señalar qué es lo que hay más allá de los resultados globales que se ofrecen periódicamente y que, para muchos de los ciudadanos, no tienen mayor relevancia, más allá de la noticia que aparece o difunden los medios de comunicación.
Y no encontramos un camino mejor que, a modo de ejemplo, centrarnos en cuatro cuestiones que destacan sobre los demás por su relevancia.
La primera, la podemos centrar en el control de taquilla y la difusión de datos por el ICAA. La implantación del control de taquilla mecánico se muestra una necesidad ya en 1978, cuando se denuncia la actuación del sector de exhibición[11]. De todos es sabido y por todos ocultado que los resultados diarios de taquilla, en prácticamente todo el parque de salas español, no se correspondían con la realidad de la asistencia al mismo. Las prácticas aplicadas por muchos empresarios eran rutinarias y poco éticas, pues al tratarse de taquilla manual se podía manipular el número de entradas vendidas.
La implantación del sistema automático de taquilla vino a mejorar en gran medida los resultados obtenidos en la venta de entradas, aunque se continuó con una práctica añeja en aquellos locales que, por diversas circunstancias, no lo aplicaron[12]. Y podemos decir que hasta fechas recientes se mantuvo este sistema que, al parecer, se pretende corregir con una Orden ECD/1473/2014, de 9 de julio, por la que se “establece la obligatoriedad de presentación por medio electrónicos de los informes de exhibición previstos en el procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos”[13], procedimiento que afecta a los “titulares de salas de exhibición cinematográficas que cuenten con un máximo de dos pantallas”[14]. Todavía en 2014 se recibían en papel los datos económicos de las películas estrenadas en numerosas salas españolas.
La segunda, la obligación a indicar en la información-ficha de cada película que aparece en la Base de Datos del ICAA de todos aquellos beneficios (ayudas, subvenciones, etc.) disfrutados por el citado filme. Sorprende que a lo largo de la historia del cine español, desde el ministerio de Información y Turismo hasta el actual de Educación, Cultura y Deporte, no hayamos encontrado información precisa sobre los dineros manejados por todas las producciones que han recibido algún tipo de ayuda del Estado.
La tercera, que el propio ICAA a través de su web, en el apartado “Memoria de ayudas a la cinematografía”, recoge todo lo relativo a las mismas tanto desde el punto de vista de las empresas (“ayudas obtenidas por las empresas”) como las de cada tipo[15], aunque los datos a los que se puede acceder abarcan el periodo 2006-2012. Por centrarnos sólo en algunos ejemplos que combinen todas las informaciones existentes y sus vacíos, vamos a centrarnos en los años 2012 y 2013.
En las “ayudas concedidas a proyectos de largometraje” de 2012, podemos ver en el Anexo III de la Resolución de 22 de noviembre, que el proyecto mejor valorado es ‘A escondidas’, del director y guionista Mikel Rueda Sasieta, producida por Baleuko S.L. El presupuesto es de 1.437.487,50 euros (el productor invierte 904.487,50) y recibe una ayuda de 200.705.11 euros[16]. En la web del ICAA apenas encontramos una ficha con poca información[17].
El segundo proyecto mejor valorado en 2012 es ‘Caníbal’, dirigida por Manuel Martín Cuenca, con guión del director y Alejandro Hernández Díaz, y producida por Mod Producciones S.L. El presupuesto es de 1.977.062,00 euros (el productor aporta 1.837.062,00 euros) y la ayuda recibida es de 395.337,60 euros. En la web del ICAA hay amplios datos sobre la película y los relativos a espectadores (32.969) y recaudación hasta la fecha (162.180,74 euros)[18]. En este caso podemos ampliar la información al referirnos a una película que obtiene 14 nominaciones a los Goya (sólo lleva el de Mejor Fotografía) y el efecto de los premios en poco ayuda a mejorar su taquilla. En este caso comprobamos que la web del Instituto no dice nada de los premios, asunto que convenimos es de gran transcendencia para la propia producción.
En las “ayudas concedidas a proyectos de largometraje” de 2013, nos encontramos que el mejor valorado por la comisión es ‘Violet’, con dirección y guión de Luis Alejandro Berdejo Arribas, producida por Kowalski Films, S.L., que tiene un presupuesto de 638.295,00 euros (todos aportados por el productor) y recibe una ayuda de 220.800,00 euros[19]. Según la web del ICAA, se trata de una película española, aunque el 51% de la producción es estadounidense (un dato equívoco). En este caso se indica que se ha estrenado el día 18 de febrero y en la fecha de consulta se indica que la han visto 94 espectadores y ha recaudado 316, 70 euros[20].
Otro caso, el segundo mejor valorado en ese mismo año, es el del proyecto titulado ‘Asesinos inocentes’, con dirección y guión de Gonzalo Bendala Sanz y producida por Aralan Films, S.L. El presupuesto del filme es de 2.023.583,00 euros (el productor aporta 1.799.951,00 euros) y recibe una ayuda de 495.083,33 euros[21]. En la web del ICAA sólo se recogen dos trabajos anteriores del director, pero no hay ningún dato referido a este proyecto[22].
La cuarta, tiene que ver con la información completa de un año de exhibición cinematográfica; es decir, las estadísticas del cine español. Como bien es sabido los resultados al cierre de un año casi necesitan otro para que la industria y el ciudadano español dispongan de la información completa. Se puede pensar en el primer trimestre como periodo idóneo para cerrar toda la documentación y proporcionarla globalmente. Esto ha generado todo tipo de especulaciones y, sobre todo, que la inmediatez de los resultados anuales sean, siempre, proporcionados más rápidamente y con precisión por la empresa privada[23].
- La información privada y su compromiso (público)
Desde hace muchos años se viene confirmando que la industria cinematográfica y audiovisual española se ha mostrado muy opaca en todo lo concerniente a la difusión de información precisa sobre sus actividades, aunque nos interesan especialmente aquellas que han estado sujetas a las ayudas oficiales. Hasta el día de hoy no hemos encontrado una empresa productora que diga en su página web qué ayudas recibe, en qué las aplica y cuáles son los resultados obtenidos por el esfuerzo industrial y creativo. Evidentemente, como ya hemos apuntado, no es el único sector industrial español que recibe ayudas del Estado. En España, como actualmente en todos los países europeos, los diferentes Estados ayudan a casi todos los sectores económicos del país. Por eso, en principio, nada que objetar al respecto.
Entendemos que el derecho de acceso a la información que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado debe obligar a destacar en el lugar adecuado todo aquello que afecta al ciudadano. Como señalan Cousido y Gutiérrez:
“El derecho de acceso a la información y al documento generado por los agentes del sector audiovisual tiende a ser contemplado como una carga que impone la Administración Pública al agente audiovisual que quiere beneficiarse de subvenciones o de ayudas públicas. Los agentes del sector audiovisual beneficiados por ayudas o subvenciones deberían asumir el derecho de acceso del sujeto universal a su información y a sus documentos, no como carga, sino como justa contrapartida a los beneficios económicos que el sujeto universal, a través de las instituciones, les proporcionan y, en último término, como derecho del que son titulares” (2008: 222).
Así, pues, se hace necesario que fluya la información y que todo el sector audiovisual español comience a ofrecer datos y resultados de su actividad empresarial y, especialmente, insistimos, de aquella que está afectada por la ayuda del Estado.
En este sentido, hay que contemplar todas las webs que están subvencionadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que deben reflejar claramente cuánto reciben anualmente en las sucesivas convocatorias. Este dato es esencial para saber sobre qué estructura se asientan dichas páginas y cómo desarrollan su trabajo profesional.
Pero también todas aquellas que tienen activadas las productoras de cine, los distribuidores y los exhibidores, pues todos, absolutamente todos, están recibiendo ayudas del Estado.
- A modo de conclusión
Cabe esperar, y desear, que a partir del día 1 de enero de 2015, cuando entre en vigor la Ley de transparencia, comencemos a disponer de información clara de cómo se mueve la industria audiovisual española.
Será un ejercicio saludable para todos porque el Estado, las empresas y profesionales tendrán la oportunidad de decir claramente qué hacen y a qué dedican las ayudas recibidas. Y los españoles podremos confirmar si el apoyo ha merecido la pena y, de no ser así, si el implicado ha de replantearse la situación y pasar una temporada en el dique seco hasta tener otro proyecto más consolidado. Ya no valdrá cualquier cosa y las exigencias serán mayores.
Posiblemente, los españoles tengamos una oportunidad de apoyar el cine patrio con un mayor conocimiento de causa.
Referencias bibliográficas
AAVV (2013): Anuario de Estadísticas Culturales. 2012. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. Noviembre 2013.
AAVV (2014): Anuario de Estadísticas Culturales. 2013. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. Noviembre 2014.
AAVV (2013): Cuenta satélite de la cultura en España. Avance de resultados (2008-2011). Madrid. Secretaría General Técnica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Cousido González, M. P. y Gutiérrez David, M. E. (Coord.) (2008): La transparencia en el sector audiovisual. Barcelona: Editorial Bosch.
Deltell Escolar, L. (2006): Madrid en el cine de los años cincuenta. Madrid: Fundación Caja Madrid-Ayuntamiento de Madrid.
García Fernández, E. C. (1985): Historia ilustrada del Cine. Barcelona: Planeta.
García Fernández, E. C. (Coord.) (2011): Historia del Cine. Madrid: Fragua.
Gubern, R. (1989): “Claves de la atipicidad europea del cine español”, en Archivos de la Filmoteca, nº 1.
Guichot Reina, E. (2014): “El proyecto de Ley de Transparencia y acces a la información pública y el margen de actuación en el ámbito de las Comunidad Autónomas” en Revista Andaluza de Administración Pública. N. 84. pp 89-134.
Han, B-C. (2014): La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder.
Heredero, C. F. (1993): Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961. Valencia: Ediciones Documento-Filmoteca.
Martínez, L. (2011): “Un disidente denuncia el fraude en las subvenciones del cine”, en El Mundo, 22 de junio.
Noceda, M. A. (2010): “La industria cultural aporta el 3% del PIB y 550.000 empleos”, en El País, 1 de mayo.
Piña, B. (2012): “La última película de Garci aumentó súbitamente su taquilla, justo para recibir la ayuda por espectadores”, en Público.es, 26 de octubre.
Skinner, Q. (2009): El artista y la filosofía política. El buen gobierno de Ambroglio Lorenzetti. Madrid. Trotta.
Reales Decretos y Leyes citados
O.M., de 23 de abril de 1941
O.M., de 18 de mayo de 1943
O.M., de 31 de diciembre de 1946
Orden ECD/1473/2014
R.D. 3.071/1977, de 11 de noviembre
R.D. 3.304/1983, de 28 de diciembre
Ley 3/1980, de 10 de enero
Ley 55/2007, de 28 de diciembre
Ley 19/2013, de 9 de diciembre
Webgrafía
https://www.boe.es/diario_boe/
[1] http://www.elconfidencial.com/motor/2014-06-06/el-gobierno-aprueba-el-mayor-plan-de-ayudas-al-sector-de-automocion_142796/
[2] Cfr. http://www.irmc.es/Noticias/common/Nuevo-Marco-2013-2018.pdf
[3] http://www.magrama.gob.es/es/pesca/ayudas-y-subvenciones/
[4] http://www.minetur.gob.es/industria/sector-naval/Paginas/ayudas.aspx
[5] http://www.ayudas.net/El_MITYC_ha_aprobado_Plan-7765NportadaT41P.htm
[6] http://www.fcfs.es/ser-ayu-subv-list.php
[7] http://elpais.com/diario/2010/05/01/cultura/1272664803_850215.html
[8] Anuario de Estadísticas Culturales. 2013. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. Pág. 25. Noviembre 2013.
[9] Cuenta satélite de la cultura en España. Avance de resultados (2008-2011). Madrid. Secretaría General Técnica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Noviembre 2013. Pág. 9.
[10] Anuario de Estadísticas Culturales 2014. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. Pág. 26. Noviembre 2014.
[11] http://elpais.com/diario/1978/05/02/cultura/262908009_850215.html
[12] http://www.publico.es/444511/la-ultima-pelicula-de-garci-aumento-subitamente-su-taquilla-justo-para-recibir-la-ayuda-por-espectadores
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/22/cultura/1308739890.html
[13] BOE, de 6 de agosto de 2014.
[14] Audiovisual451. 6 de agosto de 2014.
[15] http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/mac/2012.html
[16] BOE, nº 304, de 19 de diciembre de 2012.
[17] Ha sido estrenada el día 10 de octubre de 2014. Un mes mas tarde, se refleja en la Base de Datos del ICAA que ha sido vista por 1.121 espectadores con una recaudación de 7.472,32 euros. [consulta 10-11-2014]
[18] Fecha de consulta 10 de noviembre de 2014.
[19] BOE, nº 189, de 8 de agosto de 2014.
[20] 10 de noviembre de 2014.
[21] BOE, nº 189, de 8 de agosto de 2014.
[22] Consulta realizada el 10 de noviembre de 2014.
[23] Nos referimos a Rentrak.
* Esta Comunicación se ha realizado en el ámbito del Proyecto de Investigación I+D+i “La imagen de marca del cine español” (CSO2011-24622), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
