La industria audiovisual busca su sitio en la era digital, con un modelo de remuneración justo

La relación de amor-odio entre el sector audiovisual e Internet, principalmente con las diferentes plataformas y redes sociales que habitan en la red, sigue siendo un acalorado motivo de debate. El último se produjo en la tarde del jueves 16 de marzo en la Casa de América de Madrid, organizado por la iniciativa online de registro de obras Safe Creative.

Bajo el título ‘La tecnología: oportunidad para la difusión cultural y la protección de los creadores’, la entidad que dirige Damián Fuentes reunió un ejemplar panel de expertos para debatir, entre otras cuestiones, sobre a la última propuesta de modificación de las leyes de Propiedad Intelectual de la Comisión Europea.

Entre los participantes se encontraban Octavio Dapena Crespo, director gerente de EGEDA; Ángeles López Lobatón, directora de asesoría jurídica de Movistar Plus; David Maeztu, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías; Luis Oliveros, director de cine (presenta ‘El jugador de ajedrez’ en Malága 2017); Andy Ramos, Bardaji & Honrado Abogados; Gonzalo Salazar-Simpson, productor audiovisual y Director de la ECAM y Antonio Vargas Cano, Senior Policy Analist de Google.

El objetivo era proponer soluciones a los retos que plantean las nuevas tecnologías al sector creativo y cultural. La mesa se estructuró en torno a varias cuestiones como el nuevo paradigma para el acceso a la difusión de contenidos; los sistemas para combatir las infracciones de propiedad intelectual en Internet; un análisis de oportunidades y retos para los derechos de autor en la era digital o la justa remuneración en el reparto de royalties.

Marta Palacio, Community Manager de Safe Creative, fue la encargada de moderar la mesa e ir introduciendo las diferentes preguntas a los ponentes. En primer lugar cuestionó a los expertos sobre el artículo 13 de la normativa de propiedad intelectual que propugna la UE que insta a la filtración masiva de contenidos en las redes sociales. Para Andy Ramos, la medida no va a ser tan apocalíptica como parece: “Tenemos cada vez un Internet más maduro, no hay que entrar en pánico, el filtrado ya se produce en redes y no va a afectar al usuario. No creo que vaya a suponer un peligro para la libertad de expresión” apuntó.

David Maeztu cree que la supervisión de contenidos en la web no debería ser una barrera tecnológica que perjudique fundamentalmente a las pequeñas empresas. En este sentido, el representante de Google comentó que YouTube ha gastado 60 millones de euros en el desarrollo de una herramienta para el control de contenidos: Content ID y “esto no se lo pueden permitir las pequeñas empresas”, afirmó. Antonio Vargas Cano explicó además que el filtrado masivo es contrario a la propia Ley de Comercio electrónico de la UE: “No se pueden monitorizar las 500 horas de vídeo que se suben cada minuto a YouTube, ni las plataformas ni las redes sociales pueden ser responsables de lo que suben los usuarios, son los que poseen los derechos lo que deben decir qué contenidos son ilegales”.

La segunda cuestión del debate trató de dar luz a las medidas que se deberían tomar frente a los plagios y la difusión no autorizada de contenidos audiovisuales. Ramos aseguró que esta responsabilidad debe recaer en toda la sociedad: “en los usos no autorizados de contenidos somos corresponsables todos. Por ejemplo, no hay muchas productoras con políticas activas de protección de sus propios contenidos para limitar el impacto de la piratería. Esta lucha es cosa de productores, distribuidores y autores, si cada uno cuidase de su propiedad todo iría mejor”.

Precisamente, la productora de Gonzalo Salazar-Simpson, LaZona, es una de las empresas que sí cuenta con este tipo de políticas activas para la protección de sus contenidos, sin embargo, el productor de ‘Ocho apellidos vascos’ apuntó que muchas compañías pequeñas tienen muy difícil poner en marcha estas medidas. El director de la ECAM además manifestó que una de las claves era cambiar la percepción que tienen las nuevas generaciones sobre la piratería. Antonio Vargas defendió también la relevancia de la educación, pero en su opinión lo fundamental para mitigar la piratería es que haya plataformas de contenidos accesibles para todos. “Lo que más ha ayudado estos últimos años son plataformas como Spotify y Netflix, son el mejor antídoto contra la piratería”, afirmó.

La tercera pregunta lanzada por la moderadora se refirió a los principales desafíos de los creadores en el panorama tecnológico actual. Para Salazar-Simpson, su mayor preocupación reside en que los autores no puedan vivir de su trabajo: “esto puede suponer una degradación de la industria cultural y también una sociedad más pobre en todos los sentidos”, apostilló. El productor de ‘No habrá paz para los malditos’ cree que finalmente se encontrará un equilibrio y habrá una alternativa tecnológica legal que permitirá a los autores y demás agentes de la industria a vivir de su trabajo, sin embargo, hasta que esto sea posible aboga por acortar los tiempos en esta transición hacia un modelo legal rentable que beneficie a todos. “Han ocurrido últimamente dos cosas muy buenas para los productores españoles. Por un lado la entrada de Netflix en el mercado nacional, que paga por los contenidos españoles incluso más que Movistar. En segundo lugar, también ha sido muy positiva la incursión de Movistar en la producción también de series de televisión, no solo cine. Estos dos hechos hacen que nos planteemos que Internet puede empezar a ser una oportunidad de negocio en España”, apuntó el director de la ECAM.

La cuarta cuestión enlazaba con la tercera ya que se refería a la justa retribución de los autores y la monetización de los contenidos en Internet. Según el representante de Google en el debate, en el caso de YouTube, lo que prefieren la mayoría de los autores y gestores de derechos es monetizar sus contenidos antes que bloquearlos. “El año pasado YouTube pagó a la industria musical 1.000 millones de dólares y mayoría de estos ingresos procedía de los contenidos que habían subido los usuarios, no de los contenidos de las productoras o distribuidoras. El siguiente paso de YouTube es producir sus propios contenidos y generalizar una plataforma de pago. De momento, se monetiza a través de anuncios en los contenidos que suben los usuarios. Si los productores esperan que se les pague a ellos directamente por el contenido, YouTube no es la plataforma indicada, pero siempre tienen la posibilidad de boquear sus contenidos”, recalcó Vargas.

En este sentido, Octavio Dapena Crespo, director gerente de EGEDA y responsable de lincenciamiento y difusión de contenido audiovisual, aseguró que EGEDA mantenía una excelente relación con Google, pero que el deseo de los productores es que YouTube adquiera los derechos de explotación de sus obras para recibir una remuneración justa y no cobrar solo por lo que suben los usuarios. “En enero de este año YouTube nos pagó 17 centavos de dólar por cada mil visionados de contenidos audiovisuales gestionados por EGEDA, el RPM más bajo hasta la fecha, hace años nos daban cincuenta centavos de dólar por cada mil visionados. EGEDA gestiona 55 millones de visionados al mes, pero la cantidad que nos da YouTube es tan pequeña que la repartimos íntegramente entre nuestros socios y eso que tenemos hasta tres personas trabajando en esto”, declaró Dapena que además quiso dejar claro que “todos los modelos de negocio son buenos si se remunera de manera justa a los tenedores de los derechos”.

David Maeztu fue más allá y puso el foco en el sector de videojuegos un ejemplo de rentabilidad y eficacia en la lucha contra la piratería en la actualidad: “Curiosamente en esta mesa no está representada la principal industria de entretenimiento en la actualidad, los videojuegos. Ellos se han preocupado más por generar nuevas formas de consumo que por perseguir a los piratas, aunque también lo hayan hecho, y ahora son la industria más importante. Han hecho las cosas de otra manera y les ha ido mucho mejor”, concluyó.

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