La Federación de Cines de España (FECE), asociación empresarial que agrupa a más del 80 por ciento de las salas de cine de nuestro país, denuncia de que no podrán ser ejecutadas este año más de 3,5 millones de euros en ayudas destinadas al mantenimiento de los cines con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura, y distribuidas a través de las Comunidades Autónomas.
Según la patronal de los exhibidores, «el origen del problema es un imprevisible y reciente cambio de criterio sobre la ejecución de un acuerdo de mayo de 2025 de la Conferencia Sectorial de Cultura, que preside el Ministro Urtasun y que integra a los representantes de las diecisiete comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre las ayudas a las salas de cine en 2025 con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura».
FECE asegura que según la información trasladada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a las comunidades autónomas durante la gestión de los fondos que financiaban las ayudas en 2025, habría sido suficiente para éstas publicar las convocatorias ese mismo año, aunque su resolución se produjera en 2026. Siguiendo esas indicaciones, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Canarias publicaron sus respectivas convocatorias en 2025 y aplazaron la resolución a 2026.
Un año después, el pasado mes de agosto, la Intervención Delegada del Ministerio de Cultura aplicó una interpretación distinta a las instrucciones trasladadas para la gestión de los fondos en 2025 a las comunidades autónomas por el ICAA, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, y aplicadas por aquéllas.
Conforme a la nueva interpretación, las convocatorias no solo debían haberse publicado, sino también resuelto dentro de 2025. Apoyándose en esta interpretación posterior, contradictoria con sus propias indicaciones inicialmente trasladadas a las comunidades autónomas , el ICAA ha resuelto que las convocatorias correspondientes a fondos de 2025 no se ejecutaron correctamente por las Comunidades Autónomas indicadas y, como consecuencia de ello, se ha requerido a las comunidades afectadas la devolución de los fondos transferidos en 2025, lo que, en la práctica, les impide disponer de esos recursos para articular en 2026 las ayudas destinadas a las salas de cine, al quedar excluidas de facto del reparto de ayudas con cargo al presupuesto de 2026.
Desde FECE explican que La falta de coordinación entre Cultura y Hacienda y la aplicación de un criterio equivocado por parte del ICAA y su posterior rectificación desplazan las consecuencias económicas de la medida a las comunidades que dejan este año sin ayudas a las salas de cine
Según el reparto aprobado en la reunión de la Sectorial de Cultura para 2026, esas seis Comunidades Autónomas concentran ayudas por valor de más de 3,5 millones de euros y agrupan 280 recintos de exhibición. Esto supone que, aproximadamente, el 41,7 % de los fondos estatales previstos para distribuir en 2026 no llegarán a las salas de cine por una incorrecta actuación administrativa imputable al Ministerio de Cultura. En la práctica, más de cuatro de cada diez euros destinados a ayudas autonómicas para salas de cine en 2026 quedan afectados por este cambio de criterio, y con ello más de cuatro de cada diez recintos de exhibición en España no podrán acceder a las ayudas en 2026. Se genera así una asimetría territorial injustificable: un cine de Huelva o Menorca no podrá acceder a esta línea de apoyo, mientras que otro de características equivalentes situado en León sí podrá hacerlo.
Las cantidades que no se distribuirán tras el cambio de criterio en cada territorio ascienden a:
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En su comunicado la Federación de Cines de España que no es la primera vez que, durante el mandato de Urtasun, las salas de cine ven minoradas sus ayudas por parte del Ministerio de Cultura, bien por error u omisión en su gestión por parte del ICAA.
Estas ayudas tienen su origen en los presupuestos de 2023, con una partida diferenciada y nominativa, dotada con 14,5 millones de euros, para ayudas a salas cinematográficas y creación de audiencias, gestionada a través de las comunidades autónomas. Tras ejecutarse la convocatoria de 2023 por la totalidad de ese importe, las salas de cine han visto como ese presupuesto no ha vuelto a ejecutarse íntegramente: en 2024 no hubo convocatoria alguna, y en 2025 y 2026 la partida presupuestaria de 14,5 millones se redujo cada año a 8,5 millones, sin que se disponga de información sobre el destino de los restantes 6 millones de euros.
Esa pérdida de recursos se ha mantenido a pesar de los presupuestos prorrogados, y que las causas que las motivaron no han desaparecido: A día de hoy continúan sin recuperarse un parque de salas de cine y unas audiencias severamente afectadas por la pandemia, que aún precisan de apoyos para su sostenibilidad y recuperación.
Para FECE, la decisión del Ministerio de Cultura opera en la práctica como una penalización que termina recayendo de forma asimétrica sobre las salas de cine de ciertas comunidades autónomas, que no tendrán acceso al reparto de los fondos en 2026.
FECE considera inaceptable que los cambios de criterio del Ministerio cada vez más habituales, provoquen una grave inseguridad jurídica y perjuicios económicos directos a las salas de cine. Estas empresas han planificado y ejecutado sus proyectos durante 2026 confiando legítimamente en una convocatoria dotada presupuestariamente, anunciada públicamente por el propio ministro y respaldada por una resolución de la Conferencia Sectorial de Cultura.
Cuando tuvo conocimiento de la exclusión del acceso a las ayudas de 2026 a determinadas comunidades autónomas, con el fin de poder determinar el alcance y las responsabilidades sobre esta medida, cuanto menos, arbitraria en la gestión de fondos públicos, FECE solicitó al Ministerio de Cultura, a través del Portal de Transparencia, la documentación relativa al procedimiento de estas ayudas y la motivación del cambio de criterio. Dicha información, solicitada hace semanas, aún no ha sido recibida, habiendo ampliado el Ministerio los plazos que le obligan a su entrega.
Una vez FECE disponga de la documentación solicitada y amplíe información sobre las circunstancias que han llevado a esta situación, iniciará las acciones que correspondan en defensa de los intereses de las salas de cine. Entre tanto, FECE demanda del Ministerio de Cultura.
- La adopción de las medidas necesarias para garantizar que los 3.541.666,67 euros lleguen efectivamente a las salas de las seis comunidades afectadas y se permita financiar los proyectos ejecutados, asegurando un trato equitativo a todas las salas;
- Que evite que una discrepancia administrativa, o problemas de coordinación entre diferentes órganos de la administración pública, perjudiquen a los exhibidores, que han de asumir las consecuencias económicas derivadas de los cambios de criterio y errores de interpretación, siendo ajenos a la gestión de las transferencias;
- Que facilite de forma urgente e inmediata la documentación solicitada y explique públicamente su responsabilidad en cuanto a las discrepancias del criterio aplicado y las medidas que prevé adoptar para atender estas demandas del sector.
