IBAU rechaza la posición de Cultura respecto a la compensación por copia privada «que perjudica a los españoles»

En un comunicado hecho público hoy, 11 de octubre, la asociación IBAU que agrupa a tres entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, (AISGE, DAMA y EGEDA) rechaza el planteamiento efectuado por el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, en su comparecencia del pasado lunes en la que insinuó que los españoles ya no copian obras de creación.

Según Lasalle, en el panorama actual no hay que compensar a los titulares de derechos, cuando IBAU denuncia que la realidad es que la venta de equipos que permiten grabar sigue aumentando en porcentaje por encima del 200 por cien en algunos casos. El comunicado de IBAU continúa así: La Secretaría de Estado tiene planes de restringir la posibilidad de los ciudadanos de realizar copias privadas, que se convertirían en ilegales, y por lo tanto perseguibles, retrocediéndose así años en la defensa de los derechos de los consumidores. El verdadero problema de fondo es que la Secretaría de Estado de Cultura sustituyó una compensación privada por una pública con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (medida incomprensible con la situación de déficit de España), y ahora se percata de que no es posible establecer una partida que compense el daño real, ni en 2012 ni en los Presupuestos que se han empezado a tramitar en el Congreso para el próximo año.

A finales del año pasado se modificó con un Real Decreto-ley y sin trámite de audiencia a los titulares de derechos, el modelo de compensación por copia privada, liberando del pago de la compensación a los fabricantes de equipos, aparatos y materiales, sustituyéndolo por una partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que deberán pagar todos los ciudadanos, hagan o no copias de obras de creación. IBAU se declaró en contra de dicha medida por entender que la propuesta, además de injusta para los españoles y totalmente alejada de la legislación y del entorno europeo, era de imposible cumplimiento dada la situación económica por la que atraviesa nuestro país.

A juicio de la asociación de las tres entidades de gestión de derechos, este sistema perjudica a los ciudadanos españoles y solo beneficia a las multinacionales de la industria tecnológica, cuyo hipersector TIC facturó en 2011 85.000 millones de euros. Es una medida contraria al interés general porque pierden los ciudadanos, España como país no gana nada y el canon computa como déficit público.

En el texto, IBAU invita al Secretario de Estado de Cultura a que revise los estudios de mercado de la industria tecnológica y, sobre todo, a que visite las tiendas de venta de equipos, aparatos y soportes en las que se venden discos duros multimedia, tabletas, MP4 y MP3, smartphones y un largo etcétera de dispositivos que sirven para grabar y reproducir copias privadas de música y video. Estos equipos con capacidad de grabación de música y video permiten la grabación de obras digitales protegidas por derechos de propiedad intelectual, y están sujetos a compensación en otros países del entorno europeo.

Para IBAU la posición del Secretario de Estado de Cultura evidencia improvisación y falta total  de rigor en su actuación al haber expropiado al sector cultural de una compensación que antes pagaban las empresas tecnológicas y que ahora deben pagar todos los españoles, a diferencia de los europeos. La medida desprotege a los creadores y a la industria cultural de nuestro país, con la situación económica tan complicada que estamos viviendo.

Según datos de la propia patronal de la industria tecnológica, AMETIC, la venta de equipos y dispositivos que permiten la reproducción de obras aumentó en el ejercicio 2011, salvo en el caso de los CDS y DVDS. Este dato pone en evidencia que, en contra de lo manifestado por el Secretario de Estado de Cultura, cada vez se venden más equipos que copian música y audiovisual y, consecuentemente, cada vez se copia más.

En el comunicado de IBAU critica que con sus manifestaciones y acciones parece que la Secretaría de Estado de Cultura pasa por alto que una de sus funciones es crear un entorno de mayor protección para los creadores y la industria cultural. La Cultura la conforman los contenidos. La tecnología favorece su circulación. Pero la tecnología no es cultura. La Secretaría de Estado de Cultura y su titular deberían saber esto y elaborar políticas que protejan a los creadores de contenidos culturales y no a las industrias millonarias que se sirven de éstos para seguir engrosando sus cuentas de beneficios. Desde luego, con esta actitud, no conseguirá nunca su intención de que la aportación del sector cultural pase del 4 por ciento del PIB al 12 por ciento como adelantó antes de su toma de posesión, circunstancia, por otra parte, a todas luces, irrealizable, concluye el comunicado de IBAU.

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