La Agenda Digital para España se aprobaba el pasado 15 de febrero en Consejo de Ministros y poco ha tardado en saltar la noticia de que el dividendo digital, marcado para el 1 de enero de 2014, quedaba finalmente fuera del documento. La liberación de la banda del espectro radioelétrico que actualmente utiliza la TDT para que pase a manos de las comunicaciones móviles 4G está dando más de un quebradero de cabeza al Gobierno, que mantiene su idea de llevarla a cabo en 2014, un año antes de lo que fija la Unión Europea.
Según el secretario de estado de telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, el ejecutivo ha preparado «un proceso más sencillo, más barato y más fácil de llevar a cabo. Hemos lanzado una señal clara a las operadoras con el adelanto de un año del dividendo digital y hemos visto cómo éstas, tanto en fibra óptica como en LTE, están haciendo planes de inversión más ambiciosos de los que veíamos hace un año«. El secretario reconocía ante la prensa que existe un retraso en la aprobación del decreto que fija las normas del dividendo digital, pero se mostró confiado en que verá la luz próximamente.
Sin embargo, Vodafone España ha sido la primera en instar al Gobierno para que disipe la incertidumbre sobre la fecha concreta en la que las bandas estarán disponibles para las redes móviles de cuarta generación. Antonio Coimbra, consejero delegado de la operadora, ha insistido en que el sector se encuentra en una incertidumbre regulatoria y que no existe «ninguna garantía» por parte del Gobierno sobre la famosa fecha del 1 de enero de 2014.
José Manuel Soria, ministro de Industria, se ha mantenido firme en su apuesta por las redes 4G, pero no ha reiterado la fecha inicialmente marcada y confirma así un posible retraso en los tiempos.
Las televisiones también están implicadas en este proceso y han tenido más que un desencuentro con el Gobierno, dado que los millones de euros recaudados por la subasta del espectro entre las operadoras de telecomunicaciones iba a destinarse a pagar los costes del cambio de frecuencia. Sin embargo, el déficit presupuestario provocó que ese capital se destinara a otros fines, de manera que el Gobierno pretende que las televisiones y los ciudadanos carguen con los costes del cambio de frecuencia, una medida que las televisiones no terminan de aceptar. El Gobierno anunció que destinará 7,5 millones de euros en campañas de comunicación para indicar a los ciudadanos cómo deben actuar para reantenizar los edificios y resintonizar sus equipos.
