Agentes de la Policía Nacional han inspeccionado más de 2.000 establecimientos de hostelería por la emisión ilícita de partidos de fútbol. La investigación se inició a finales de noviembre de 2018 cuando representantes legales de LaLiga denunciaron a los titulares de diversos establecimientos públicos de diferentes puntos de España por un presunto delito contra la propiedad intelectual.
Los responsables de los comercios presuntamente ponían a disposición de sus clientes contenido protegido por la normativa de propiedad intelectual sin autorización, con lo que ocasionaban importantes perjuicios económicos a los titulares legítimos. Además, esta actividad ilícita no sólo afectaría negativamente a LaLiga, sus clubes y los teleoperadores, sino también a los dueños de otros establecimientos públicos que sí pagan las correspondientes tarifas por emitir esos contenidos en sus respectivos locales.
Cuando LaLiga tuvo conocimiento de la actividad ilícita descrita, y con el objetivo de comprobar su veracidad, realizó las correspondientes verificaciones en los establecimientos infractores. Una vez confirmada formalizó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia coordinó el operativo a nivel nacional para realizar las inspecciones necesarias durante la emisión de los partidos de cara verificar los hechos denunciados y, en caso positivo, proceder a la desconexión de los dispositivos utilizados y la intervención del decodificador ilegal en su caso, así como a la citación del responsable del establecimiento para toma de declaración en dependencia policial.
Los agentes comprobaron que aproximadamente un 60 por ciento de los establecimientos inspeccionados se encontraba realizando esta actividad ilícita a través de diversas modalidades. La más común es la utilización de un decodificador “vitaminado”, al que ilegalmente se le había alterado el firmware para poder decodificar la señal privada y acceder a su visionado. En la actualidad se siguen investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos delictivos a través de los testimonios de los infractores y del análisis de los más de 800 dispositivos decodificadores intervenidos.
