Posiblemente muy a su pesar, RTVE ha visto respaldado una vez más su modelo de financiación sin publicidad. El Tribunal de la Unión Europea ha vuelto a avalar el sistema de subvenciones y gravámenes a empresas privadas del que la Corporación se nutre, tras desestimar la los recursos interpuestos por Telefónica y Digital+, que, como prestadores de servicios audiovisuales, deben abonar un 1,5 por ciento de sus ingresos anuales al presupuesto de RTVE.
En un delicado momento en el que incluso se habla de un recorte de hasta 500 empleados para no seguir engordando el déficit ya acumulado de más de 700 millones de euros, la radio y televisión pública ha recibido una sentencia favorable por parte de la Unión Europea, la segunda en un año, dado que en julio de 2013 el Tribunal de Justicia dio su visto bueno al actual sistema de financiación de RTVE al archivar el recurso de la Comisión Europea contra España por la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones. Ese archivo se produjo semanas después de que la propia Comisión retirase su denuncia de 2011 contra el sistema de financiación de la Corporación, tras avalar el Tribunal la tasas a las operadoras en Francia.
En las últimas semanas RTVE ha anunciado un nuevo director para su televisión, el realizador José Ramón Díez, tras la salida de Ignacio Corrales, y la fusión de Teledeporte en La 2 con el fin de ahorrar. Además, la Corporación recibirá de la SEPI una aportación de 130 millones de euros para compensar pérdidas operativas generadas en ejercicios anteriores.
El modelo de financiación sin publicidad entró en vigor en enero de 2010 tras las negociaciones entre UTECA y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega como interlocutora. Desde entonces, RTVE sobre pasa el presupuesto anual y ve cómo su audiencia desciende. La Asociación Española de Anunciantes insiste desde entonces en que la publicidad podría volver a la Corporación de una manera controlada y de calidad.
El Tribunal confirma la “compatibilidad del régimen de financiación de TVE introducido por la Ley 8/2009 con la normativa en materia de ayudas de Estado y, por ende, con el mercado interior”. La decisión adoptada por el Tribunal General de la Unión Europea es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la UE en el plazo de dos meses.
