El domingo 29 de noviembre se celebran elecciones generales de las que saldrá el nuevo gobierno que dirigirá el destino de los ciudadanos españoles en los próximos cuatro años. En plena campaña electoral y con los cruciales debates en plena ebullición, AECINE, la asociación de productores cinematográficos independientes, con la colaboración de EGEDA, la entidad de gestión de los productores audiovisuales españoles, y el bufete Écija, ha organizado un encuentro con los representantes de cultura de los principales grupos políticos que concurren a las elecciones (PSOE, PP, Frente Amplio, Podemos y Vox).
Celebrar un debate sobre el sector audiovisual se convierte en un acto más pertinente que nunca, porque en esta confrontación de programas políticos en los medios de comunicación, el día 19 de noviembre y en las próximas jornadas, se podrán contar con los dedos de una mano (y sobrarán dedos), las veces que los diferentes candidatos hablarán sobre Cultura y todavía menos del sector audiovisual.

Las oficinas de Écija en Madrid ha sido el lugar elegido para este debate de AECINE, centrado fundamentalmente en el mundo del cine, más allá de la transversalidad de algunas de las cuestiones planteadas. Han participado presencialmente en el encuentro Pablo Uruburu (PSOE), Nahuel González (Frente Amplio), Mariano Muniesa (Podemos) y José Ramírez del Río (Vox), además Sol Cruz-Guzmán (PP), que ha entrado en el debate por videollamada desde su despacho de Sevilla.
La asociación de productores buscaba con el encuentro abrir un espacio de diálogo directo con la industria del cine, planteando cuestiones decisivas para el presente y el futuro de la producción audiovisual independiente en España. El debate se ha estructurado en cinco bloques temáticos: Una nueva Ley del Cine que fortalezca la producción independiente; Ayudas públicas directas y estabilidad de la financiación del sector audiovisual; Inversión en cine español de plataformas y televisiones y papel de RTVE; Propiedad intelectual y sostenibilidad empresarial y los Incentivos fiscales y la competitividad territorial.
Nueva Ley del Cine
La primera conclusión que se puede extraer del encuentro es que hay más coincidencias de que las que cabría esperar entre las diferentes propuestas de los partidos para estas cuestiones esenciales. ¿Se trata de una pose por la cercana influencia de la campaña electoral o verdadera convicción? Veremos lo que sucede con el gobierno que quede configurado a partir del 30 de noviembre.
Por ejemplo, en las primeras cuestiones sobre la Ley del Cine, cuya aprobación se vio truncada de nuevo por de la convocatoria de elecciones anticipadas, todos los representantes políticos coinciden en la necesidad de contar con un texto que ofrezca seguridad jurídica al sector audiovisual y que redefina adecuadamente lo que es un productor independiente.
José Ramírez del Río, de Vox, ha añadido además la necesidad de aumentar los incentivos fiscales a la producción para atraer rodajes, mientras que el representante de Podemos aboga por un nuevo texto legal al cien por cien y consensuado con toda la industria audiovisual. Muniesa también ha señalado fundamental que esta Ley esté lista en un año para poder desarrollarla correctamente y que tenga en cuenta la excepción cultural europea.

Pablo Uruburu coincide en que la excepción cultural debe estar plasmada en la nueva Ley, que a su juicio debe ser de alto espectro, esto es, sin olvidar el punto de vista de la sociedad española ni la protección de la Propiedad Intelectual. Por su parte, Nahuel González se ha quejado de que los partidos de la derecha rechazasen el anterior proyecto de Ley a la vez que se ha manifestado firme partidario de rechazar cualquier atisbo de censura.
La encargada de cerrar el bloque sobre la Ley del Cine fue Sol Cruz-Guzmán, que apuesta por una nueva Ley del Cine actualizada «por el sector y para el sector», que sea capaz también de fomentar la asistencia a las salas de cine y que propicie una industria audiovisual más sólida que la actual.
Ayudas públicas
El bloque sobre ayudas públicas ha comenzado con la intervención del representante de Podemos, que ha demandado la necesidad de duplicar las partidas de las ayudas al sector audiovisual existentes actualmente, así como el porcentaje de los incentivos fiscales. Muniesa ha vuelto a mirar a Europa para buscar dar prioridad al programa Europa Creativa – MEDIA.
Pablo Uruburu cree que las ayudas no deben ser un fin de sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin, siempre con el foco puesto en la pluralidad cultural, defendiendo «nuestras propias historias y el cine español». Frente Amplio considera fundamental que se elimine del cine la etiqueta de sector subvencionado, a la vez de es necesario simplificar los procedimientos de las ayudas y tener en cuenta a sectores como el documental y la animación.
La representante del Partido Popular ha comentado estar de acuerdo con la propuesta de Podemos referente a las ayudas al sector audiovisual, a la vez de exigir la creación de un ecosistema favorable para la gestión de las mismas. El grupo político de Cruz-Guzmán también apoya una mejor coordinación entre administraciones en las diferentes regulaciones y ha asegurado que será un punto fuerte de su gobierno.
Vox también ha defendido las ayudas públicas «por razones culturales» pero que sean transparentes y neutrales ideológicamente, aunque en su intervención dejó claro que «no se puede aceptar que una película subvencionada haga 50 espectadores en los cines», a lo que el representante de Frente Amplio ha replicado defendiendo que un productor o un director tiene también derecho a realizar una película que no funcione. Nahuel González ha recordado además que Vox apoya las medidas de Milei en Argentina respecto a la cultura: «Todos sabemos como está el cine argentino hoy», ha apuntado. Podemos también ha negado que el cine español esté ideologizado.
Inversión en cine español de plataformas y televisiones
El encargado de abrir las intervenciones en el tercer bloque ha sido el representante del Partido Socialista Obrero Español. Pablo Uruburu ha destacado la importancia de que los diferentes «entes públicos» se comprometan aún más con la compra de derechos de emisión y con el apoyo a la producción audiovisual. Aunque cree que el sistema es correcto, las televisiones deberían apoyar más y promocionar con más recursos las películas españolas.

Asimismo, Frente Amplio defiende la transparencia de los diferentes operadores de televisión y plataformas con el objetivo de tener datos fiables con los que trabajar. La coalición de partidos de izquierda señala que las plataformas deben ser una oportunidad para la creación, pero que no deberían ser solo el coto en el que se benefician unos pocos. Sol Cruz-Guzmán arremetió contra Televisión Española y dijo sentir que el cine español está marginado en la cadena pública nacional: «Tenemos que pedir mucho más a RTVE, que sea un referente», comentó. También acusó a Televisión Española de no promocionar bien el cine español.
En contraposición, Podemos no cree que la televisión pública nacional ni mucho menos dé la espalda al cine español en su programación, aunque confesó que siempre se podía mejorar la presencia de las películas españolas en la parrilla. También instó a tomar medidas para promover más y mejor las películas en lenguas cooficiales, el cine hecho por mujeres y el cine de autor. Podemos apuesta por una política de cuotas para el cine español en las televisiones públicas.
Para el PSOE el ecosistema actual es diverso y no existe un monopolio, pero lo que sí ve muy mejorable son los horarios en las que se emite el cine español en las televisiones, mientras que para el diputado de Vox hay que modificar la legislación para que los productores puedan mantener al menos una parte de la propiedad intelectual de los títulos que producen junto a operadores y plataformas.
Propiedad intelectual
El penúltimo bloque del debate estuvo dedicado a la propiedad intelectual. En este caso fue el representante de Frente Amplio el primero en tomar la palabra, apuntando que es importante que haya transparencia contractual en toda la cadena de distribución y que la obra beneficie sobre todo a quien la crea.
La política del Partido Popular reconoció que los derechos de propiedad intelectual son el patrimonio de los productores y que se debe buscar una solución para que la industria audiovisual sea solvente, con mecanismos para que los productores puedan retener los derechos. Coincide plenamente con José Ramírez del Río, de Vox: «Los derechos de autor son nuestro petróleo, hay que darles una mayor importancia», apostilló. Además instó igualmente a tomar todas las medidas necesarias para que los productores se queden con al menos una parte de los derechos de propiedad intelectual de las obras audiovisuales, que no solo queden en manos de las plataformas.
Pablo Uruburu celebró que muchos de los grupos políticos que antes no estaban en este punto ahora sí estén a favor de que se pongan en marcha medidas para que los productores conserven los derechos de las obras audiovisuales. Mariano Muniesa, que además de ser el representante de Podemos en el encuentro es actualmente consejero de RTVE, apoya igualmente que la cinematografía española sea protegida. Puso también en valor la gestión colectiva de los derechos y emplaza a que se establezca por ley que los derechos sean devueltos a los productores pasados siete años.
Incentivos Fiscales
El último bloque del debate organizado por AECINE estuvo focalizado en los incentivos fiscales y la competitividad entre territorios. Todos los grupos también están de acuerdo en potenciar los incentivos fiscales para el sector audiovisual. En este caso, fue la representante del PP la que abrió el turno de intervenciones, con un alegato a favor de la fiscalidad audiovisual: «Si existe un tema que identifica al PP son los incentivos fiscales, este es un modelo que funciona y que, por tanto, se debe potenciar con rigor y transparencia, porque es una maravillosa forma de impulsar el sector audiovisual», dijo.

En este sentido, su socio en un posible gobierno tras las elecciones de 29 de noviembre comentó: «Vamos a ser más agresivos en materia fiscal, pero tenemos que ofrecer seguridad jurídica«, afirmó José Ramírez del Río, un discurso casi calcado al del representante del actual gobierno socialista en funciones: «Hay que mejorar los incentivos fiscales y su seguridad jurídica», declaró Uruburu, que añadió también la necesidad de impulsar la formación profesional y técnica.
En la misma línea se posicionó Frente Amplio, aunque en su caso, además de calificar los incentivos fiscales como fundamentales e instar a ofrecer mayor seguridad jurídica, apostó por facilitar su acceso e implementar una ventanilla única. Al igual que el representante Podemos, Nahuel González también señaló la obligación de respetar las condiciones laborales.
Fue precisamente Mariano Muniesa el que puso el foco en dos aspectos diferentes, por un lado en la estructura territorial asimétrica del Estado que debe ser asumida por todos y en la creación de una Agencia Estatal de Cine, que sea capaz precisamente de gestionar esa asimetría. También ligó la concesión del incentivo fiscal al respeto a la normativa laboral.
La creación de una Agencia Estatal que gestione el sector audiovisual, tal y como proponía la Ley del Cine que se ha quedado en el limbo, fue uno de los puntos que más debate generó fuera de los bloques establecidos inicialmente. Podemos la defiende como un organismo público de coordinación y con contenido real. Sin embargo, varios grupos políticos no lo ven tan claro.
Por ejemplo, el PSOE piensa que puede ser un asunto a estudiar pero hoy ven más inconvenientes que beneficios, porque «la supuesta autonomía no es siempre buena». Algo parecido propone Frente Amplio, que sin oponerse a la Agencia Estatal, señala que puede tener problemas su puesta en marcha. En el caso del Partido Popular lo que exige es repensar el ICAA, que «ahora se queda corto».
Vox dice no al ministerio de Cultura
Tras el debate de los cinco bloques específicos, se dio voz al público asistente, entre los que se encontraban destacados representantes de los sectores de producción, exhibición y distribución, además de otras entidades e instituciones del sector audiovisual nacional. Tomó la palabra el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite, en primer lugar para defender la labor del ICAA en los últimos años, «no creo que haya funcionado mal», y en segundo lugar para señalar que lo esencial es conservar por encima de todas las cosas la libertad creativa.

El presidente de la Academia también lanzó una pregunta directa al representante de la ultraderecha: ¿Habrá Ministerio de Cultura en la próxima legislatura? y José Ramírez del Río no se fue tampoco por las ramas: «Se requieren cambios institucionales, si las competencias de cultura se mantienen en las Comunidades Autónomas no es necesario tener un ministro de Cultura», argumentó.
Para el PP la Cultura es innegociable, «el cine tiene que ser plural y habrá ministro de Cultura», aunque Sol Cruz-Guzmán no aclaró si ese ministerio caminará solo o tendrá otras atribuciones como otras ocasiones en las que ha gobernado el PP. En el caso de PSOE, Podemos y Frente Amplio no solo apuestan por mantener el Ministerio de Cultura, sino reforzarlo con más poder.
El epílogo al debate lo puso Gonzalo Salazar-Simpson, director de la ECAM y responsable de la productora LaZona, que propuso alcanzar un gran pacto de estado por la Cultura, gobierne quien gobierne, para buscar unanimidades y desideologizar la Cultura: «hemos visto que hay muchas cosas en las que estáis de acuerdo», concluyó Salazar-Simpson.



