La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha recordado esta semana que los hogares han realizado «un importante esfuerzo económico» los últimos años para adaptarse a la Televisión Digital Terrestre y ha pedido al Gobierno que aclare qué va a ocurrir con la oferta gratuita de televisión, después de que el Consejo de Ministros anunciara la decisión de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que anula el actual reparto de la TDT.
AUC, que no entra a discutir el fundamento de la sentencia, destaca que la consecuencia directa de la misma va a ser «la desaparición de canales que en la actualidad forman parte de la oferta en abierto a la que pueden acceder los espectadores de modo gratuito, sin que nada asegure que vuelvan a ponerse en marcha tras un futuro concurso». Por el contrario, cabe la posibilidad, según la asociación, de que lo que esté en marcha sea «una operación para el cierre definitivo de esos canales».
En este sentido, la AUC subraya que los ciudadanos han hecho un importante esfuerzo económico para adaptarse a la implantación de la TDT y ahora se pretende, además, que vuelvan a realizar «un nuevo desembolso para los cambios de antenización» que requiera la reubicación de canales consecuencia del llamado ‘dividendo digital’, y todo ello con «la promesa de acceder, como señalaba la propia legislación, «a un mayor número de canales». El gasto se sitúa en 20 euros por hogar.
Por ello, considera que los ciudadanos tienen derecho a saber si la confluencia de la sentencia del Supremo y del dividendo digital afectará a las posibilidades de oferta televisiva gratuita para los ciudadanos, que es precisamente «la señal de identidad de la TDT», así como al futuro del 3D, de los servicios interactivos y, muy especialmente, de la Alta Definición, para «la que muchos hogares se han equipado y que supone una de las principales demandas de los ciudadanos, junto con la mejora en la calidad de los contenidos».
Asimismo, recuerda que la TDT llegó con la promesa de traer «un mayor número de programas y servicios de mejor calidad», que les permitiría «participar activamente de los logros de la sociedad de la información, asegurando la preservación del pluralismo y la formación de una opinión pública libre». «Un objetivo que no ha llegado a cumplirse satisfactoriamente en este tiempo, pero que ahora queda aún más lejos de lograrse», señala la asociación.
La sentencia del Supremo que ahora ha decidido ejecutar el Gobierno viene a señalar que la Ley General de la Comunicación Audiovisual permitía transformar las antiguas concesiones de los operadores de televisión (Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, Net TV y La Sexta) en licencias para la nueva TDT, pero éstas debían ajustarse exclusivamente al «contenido concesional existente a la entrada en vigor de la Ley», de modo que los canales adicionales que también se repartieron entre estas televisiones en realidad deberían haber salido a concurso público.
