PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya, y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se sientan a negociar un «convenio de mínimos que proteja la producción independiente», en palabras de la asociación presidida por Eva Fontanals.
Desde PAC, que representa a más de 40 empresas, solicitan «la tutela del Parlamento para alcanzar un acuerdo en tres meses» para terminar con quince años de «precarización y maltrato a la producción independiente.»
En comunicado de prensa, PAC repasa la historia de la obligatoriedad que tienen las televisiones públicas de invertir el 6 por ciento de sus ingresos anuales en obra europea independiente:
«Esta producción independiente es la que corresponde a la ley europea conocida como la del 6 %, que obliga a cualquier televisión a invertir anticipadamente en obra europea independiente. La norma nace como reacción al desastre humanitario que supuso que las televisiones del norte de Europa dieran apoyo propagandístico a los nazis, favoreciendo la Shoah y la Segunda Guerra Mundial. Esta norma existe para asegurar la diversidad de criterio y la democracia, y para evitar el sectarismo. El convenio para la producción independiente entre la CCMA y la patronal estuvo activo durante 25 años, desde 1986 hasta 2011, y dio un impulso al audiovisual catalán como nunca antes.
En 2011 se agota la última prórroga del convenio, con una inversión anual pactada de 16 millones de euros. A partir de la ausencia de convenio, la cantidad anual invertida se desploma hasta 3,2 millones de euros, manteniéndose cada año en torno a los 5 millones de euros, es decir, una cuarta parte de lo que sería la cantidad anual si el convenio se hubiera actualizado según el IPC.
Y aún peor, las condiciones unitarias por obra se degradan hasta el punto de la precariedad, disminuyendo la financiación mínima por obra hasta un 85 % menos, las peores condiciones de cualquier televisión autonómica del Estado. Además, las condiciones implican que TV3 no solo paga poco, sino que se queda con un porcentaje mayoritario de la titularidad de la obra, impidiendo así que las productoras puedan completar su financiación con otros instrumentos. TV3 ha pasado de ser el motor del audiovisual a ser su freno.
En estos quince años sin convenio no ha funcionado ningún mecanismo de protección hacia las pequeñas productoras independientes. No solo han sufrido la precarización, sino también la arbitrariedad frente a otras productoras asociadas que prestan servicios diarios o semanales.»
Hace dos semanas, la cadena pública catalana presentaba un nuevo marco de colaboración con el sector regional de la producción que la federación PROA, ha pedido seguir negociando. En concreto, PROA habla de dos puntos que han quedado en el limbo tras quince meses de negociaciones: uno sobre la limitación temporal de los derechos de emisión, y otro, sobre la capacidad de las productoras cinematográficas de retener los derechos de propiedad sobre sus proyectos.
