Lucía Cossío, letrada del despacho de abogados Visualiza Legal, analiza en un nuevo artículo para Audiovisual451 la amenaza que pesa sobre 17 canales de TDT: podrían ser eliminados tras la sentencia del Tribunal Supremo y la petición del demandante, Infraestructuras y Gestión 2000 S.L., de que se cumpla con todas sus consecuencias.
El 27 de noviembre de 2012 se dictó una Sentencia clave que influirá, sin duda alguna, en la modificación del escenario audiovisual español actual.
El Tribunal Supremo falló a favor de la Empresa Infraestructuras y Gestión 2002 S.L., declarando la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010 por el que se otorgaba un múltiple digital de cuatro canales a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito estatal.
Dicho acuerdo se consideró contrario a lo establecido por la Ley General de Comunicación Audiovisual (LEY 7/2010, de 31 de marzo), promulgada prácticamente un mes antes de que se llevara a cabo, que exige en su artículo 22.3 la realización de concurso público para otorgar licencias destinadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones audiovisuales mediante ondas hertzianas terrestres.
Tras esta Sentencia, no fueron pocos quienes dudaron de su efectiva ejecución, puesto que se adoptaron medidas para discernir en el tiempo su aplicación. El propio gobierno llevó a cabo un acuerdo de ejecución de la sentencia el pasado mes de marzo donde se establecía que la eliminación de los canales (en un primer momento se entendió que eran 9 los que debían ser eliminados) se llevaría a efecto paralelamente al plan de dividendo digital, que se esperaba para el 1 de enero de 2014.
Por lo tanto, la eliminación de esos canales supondría la resolución del problema de escasez del espacio radioeléctrico que debe de estar resuelto antes de 2014, puesto que se necesita para los servicios de banda ancha de móvil de cuarta generación (4G).
La empresa demandante no se ha conformado con este acuerdo entre las empresas televisivas y el Gobierno y, recientemente, ha presentado un incidente de ejecución de la Sentencia donde pone de manifiesto que es totalmente contrario a la Ley, así como a los principios básicos judiciales, ya que se deja a discrecionalidad de la administración la decisión de cuando se va a ejecutar una sentencia.
Pero lo más importante de la solicitud de ejecución es que piden la eliminación de todos aquellos canales que fueron adjudicados sin concurso previo por el Gobierno, que no considera que son exclusivamente los 9 canales que en un primer momento se creía, sino que podrían llegar a ser eliminados un total de 17 canales.
Los grupos afectados son Atresmedia (Antena3, la Sexta, Neox, Nova, Nitro, Xplora, la Sexta3, Antena3 HD y La Sexta HD), Mediaset España (Telecinco, Cuatro, La Siete, Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy, Nueve, Telecinco HD y Cuatro HD), Unidad Editorial (AXN, 13tv, Discovery Max, MarcaTV, OrbytTV y PopularTV) y Vocento (Intereconomía TV, Disney Channel, MTV y Paramount Channel); en el caso de que eliminen 17 canales quedaría un panorama en el que prácticamente sólo tendrían licencias de emisión los canales iniciales de las cadenas y algún canal extra, generando un apagón de la mayoría de los canales de la TDT.
Por otro lado, cabe recordar que uno de los argumentos que se siguieron a la hora de conceder esos canales fue la explotación de nuevos contenidos pero, en la práctica, muchos de estos canales utilizan reposiciones y no han generado nuevos contenidos, teniendo la mayoría índices muy bajos de audiencia y siendo deficitarios para sus titulares.
Ahora cabe esperar qué va a suceder, dado que si los perjudicados no realizan ninguna alegación al respecto deberán eliminar todos esos canales, aunque parece difícil creer que las televisiones vayan a eliminarlos sin más, habida cuenta de las importantes inversiones que han realizado para ponerlos en funcionamiento.
Bastante probable es que el Gobierno intervenga y llegue a algún tipo de acuerdo sobre qué canales se cierran, decisión que deberán tomar teniendo en cuenta si son necesarios tantos canales de TDT, y sobretodo, aquellos canales en los que se utilizan exclusivamente reposiciones.
En todo caso, cualquier resolución que se tome debería llevarse a cabo con total transparencia, evitando que se vuelvan a repartir canales sin seguir el criterio legal establecido y que no se produzca la misma situación de arbitrariedad en un futuro, generando una mayor confianza en el maltratado panorama audiovisual patrio.
Por ©Lucía Cossío, letrada de Visualiza Legal.
Interesante artículo.