Ayer, 26 de noviembre, pudo ser un día importante para le cine español y el audiovisual en general en el Congreso de los Diputados… o no, ya se verá. En la Comisión de Cultura se presentaron varias Proposiciones No de Ley dirigidas a impulsar el cine español, suprimir el IVA cultural y en anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, tratar la exclusión del Audiovisual del Tratado de Libre comercio con Estados Unidos y el fomento de los rodajes extranjeros en España, ésta última una iniciativa presentada por el propio partido del Gobierno.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que aunque las votan los diputados, las Proposiciones No de Ley no no son vinculantes y solo sirven para instar al Gobierno a que tome medidas concretas sobre los temas sugeridos. Aclarado este punto, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición no de Ley sobre la instauración de medidas urgentes para impulsar eI cine español, para su debate en la Comisión de Cultura. Exigió al Gobierno una rectificación sobre la errónea política que sigue hacia el Cine español, expresión de su falta de sensibilidad política hacia la cultura en general y su desprecio al Cine en particular. El PSOE censuró las declaraciones del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al señalar que “los problemas del Cine español no tienen que ver solo con las subvenciones, también con la calidad de las películas…”
También denunció la reducción sustancial en los presupuestos de su Ministerio de los diferentes tipos de ayudas a las producciones de cine y audiovisuales en España que han pasado de 113 millones de euros en 2011 a los 50,8 previstos para 2014 (suponen un recorte superior al 50%), “cifra muy alejada de la que destinan otros países de la Unión Europea y que no responde a ningún modelo; ni los impagos de las ayudas comprometidas en el Fondo de Protección de Cinematografía a películas estrenadas dos años antes y que constituyen una deuda de Estado”.
Por otro lado, El Grupo Socialista criticó el grave perjuicio al Cine español y a otras actividades culturales la contraproducente medida fiscal de subir el IVA del 8 al 21%, además para recaudar menos. En este mismo sentido, el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), presentó la Proposición no de Ley relativa a la necesidad de reducir el IVA en el ámbito de la cultura y en el material escolar, para su debate en la Comisión de Cultura.
Por su parte el diputado Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó para su discusión en la Comisión de Cultura, una Proposición no de Ley relativa a la exclusión del sector audiovisual del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Los eurodiputados de Convergència i Unió, conscientes de que esta situación es bastante preocupante y que la inclusión sería perjudicial para el sector audiovisual, apoyaron su exclusión de las negociaciones de este tratado, ya que supondría que Estados Unidos podría competir sin trabas con los 27 países comunitarios. Con ello el cine y el sector audiovisual del Estado español tendría menos subvenciones y se reduciría considerablemente su cuota de pantalla ya que los cines y televisiones dejarían de estar obligados por ley a emitir un porcentaje de cine nacional. Por el momento Francia ha manifestado públicamente su negativa a la inclusión en dicho convenio.
Asmimiso, la Izquierda Plural presentó una Proposición no de Ley sobre la retirada del anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, para su debate en la Comisión de Cultura. Entres sus argumentos destacan que tras más de un año de gobierno del PP, se esperaba una nueva legislación de propiedad intelectual que permitiera conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y que en concreto contribuyera a resolver el problema generado en torno a la compensación equitativa por copia privada. Sin embargo, no ha sido así.
En opinión de la Izquierda Plural la reforma legislativa que impulsa el Gobierno ha concitado la unidad de todos los sectores culturales en su contra. «Tras el fracaso del canon indiscriminado, el ministerio ha renunciado a buscar, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada, optando por dar continuidad a la salida provisional instaurada en diciembre de 2011, esto es, el pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque en una cuantía muy reducida, un 95 % inferior a fa que se recaudaba por el canon, lo que supone un notable perjuicio para los creadores, según han denunciado al unísono las asociaciones de titulares y las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que ven cómo peligra el mantenimiento de su función social».
Esta nueva configuración legal de la compensación por copia privada podría no adaptarse plenamente a la Directiva Comunitaria relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor. Además, el anteproyecto declara ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, perjudicando al consumidor, para justificar la reducción de la compensación a pagar al creador con cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, según la Izquierda Plural, «el anteproyecto menoscaba la dimensión cooperativa de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores. De hecho, se desregulariza la actividad de gestión de los derechos de autor, liberalizando la actividad para empresas y compañías internacionales, lo que contribuirá a desproteger al autor español, especialmente al que comienza su carrera. En esa línea, también se imposibilita la reclamación colectiva ante los tribunales. Tampoco satisface a los colectivos de creadores los mecanismos que van a fijar las nuevas tarifas».
Tampoco reconoce adecuadamente el anteproyecto los derechos de autor de los periodistas y fotoperiodistas, a pesar de haber sido expresamente reconocidos por la Comisión Europea. Por otra parte, los autores, intérpretes y ejecutantes, en suma el conjunto de los creadores, tienen derecho a escoger entre autogestionarse o adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor.
Así, la Izquierda Plural insta al Gobierno a retirar de fauna inmediata el Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y a elaborar una nueva legislación con la participación de todas las parles implicadas, creadores, consumidores, industrias culturales, etc. que garantice:
a) La máxima transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor, así como el control y fiscalización por parte tanto de los poderes públicos como de los creadores y asociaciones culturales, manteniendo su carácter cooperativo y la función social hacia los afiliados.
b) Una regulación acordada entre las partes que permita de forma definitiva atender la compensación equitativa por copia privada, no a cargo de los Presupuestos Generales del Estado ni como canon indiscriminado en la adquisición de productos digitales, sino explorando otras fórmulas que tengan en cuenta a los actores actuales en el entorno digital.
c) El reconocimiento a las diversas modalidades de protección y autorización de derechos, partiendo del principio del reconocimiento del procomún y el trabajo colaborativo en red y el impulso del dominio público.
Por último, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley relativa al fomento de los rodajes cinematográficos en España, para su debate en la Comisión de Cultura. Para el PP las razones que hacen competitiva a España como lugar de rodaje frente a otros países son muchas, desde sus complejos cinematográficos dotados de los últimos avances tecnológicos, su multitud de localizaciones diversas y dramáticas, la hospitalidad de su gente y su clima de largas horas de luz, entre otras.
Los rodajes tienen un importante impacto de retorno que se mide no sólo en términos de empleabilidad directa e indirecta, sino también en el turismo y en la promoción internacional de España lo que favorece su imagen de marca, trasladando al contexto internacional una visión del país moderna, diversa y plenamente competitiva. Contribuye asimismo al desarrollo de un tejido empresarial cultural español y abre la posibilidad de una mayor demanda de rodajes.
«Spain Film Commission (SFC) es la entidad que agrupa a todas las Film Commissions autonómicas, provinciales, insulares y locales que actúan en España. Tiene como objetivo la atracción de productores al territorio español para que utilicen sus localizaciones como lugar de rodaje, constituye en definitiva un elemento dinamizador de la economía, en tanto generador de riqueza y de promoción turística».
El Grupo Parlamentario Popular considera que en el ámbito de la comunicación y cooperación cultural que debe regir entre administraciones públicas y otras instituciones, debe apoyarse a las Film Commissions como instrumentos al servicio de la producción cinematográfica, porque son instituciones que vienen desarrollando una importante labor para atraer rodajes de obras audiovisuales al territorio español.
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente la Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar a las entidades que actúan como instrumentos al servicio de la producción cinematográfica y a fomentar los rodajes internacionales en España por su impacto como elemento dinamizador de la economía española y su valor intrínseco en tanto que proyección exterior de la Marca España».
