El 12 de enero, la Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia absolutoria sobre el socio de la SGAE Ramón J. Márquez (Ramoncín), así como sobre los otros tres exejecutivos de la Entidad imputados en este caso, José Rodríguez Neri, Enrique Loras y Pablo Hernández, en relación a unas facturas abonadas por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) entre septiembre de 2008 y marzo de 2011.
La Entidad de gestión ha hecho público un comunicado en el que señala que «desde el más absoluto respeto a la decisión adoptada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, quiere expresar que la sentencia está en la línea de la postura adoptada por sus servicios jurídicos, que recomendaron a los órganos de gobierno de la entidad no personarse como acusación particular en esta causa, convencidos de que no existió ilegalidad alguna en la contratación de servicios por los que se remuneró al socio aludido».
El texto de SGAE apunta que «tras cuatro larguísimos años (1 de julio de 2011), del inicio de la denominada operación Saga, esta entidad sigue pendiente de la decisión que adopte el juez que investiga la causa. La SGAE quiere solicitar públicamente -una vez más- que la justicia resuelva con la máxima celeridad posible, permitiéndonos recuperar de cara al exterior la normalidad que existe dentro de la casa y consolidar la gestión que la nueva Dirección de la SGAE viene desarrollando con el objetivo de prestar un mejor servicio a nuestros más de 114.000 socios y a los miles de usuarios que utilizan los contenidos que protegemos y por los que velamos».
