Según informa la web de la Sociedad General de Autores y Editores, el próximo 27 de diciembre los socios de la SGAE tienen una cita histórica que determinará el futuro de la entidad de gestión. Ese día tendrá lugar una Asamblea General Extraordinaria en la que se someterá a votación la reforma de los Estatutos, un cambio imprescindible para adaptar la entidad de gestión a la Ley de Propiedad Intelectual y la Directiva Europea. Si no salen adelante, para lo que es necesaria una mayoría de 2/3, la entidad se verá abocada a una gran incertidumbre por la amenaza de intervención del Ministerio de Cultura.
El comunicado de SGAE sugiere que las modificaciones introducidas en los Estatutos suponen una mayor exigencia de transparencia, refuerzan la supervisión a través de nuevos mecanismos de control y otorgan mayores poderes y competencias a la Asamblea General. En cualquier caso, se trata estrictamente de los cambios exigidos por la nueva legislación.
También señala que con la reforma estatutaria, la Asamblea General amplía notablemente su poder de decisión en asuntos clave. Entre sus nuevas funciones figura la ratificación de la política y el reglamento de reparto, la aprobación de la compra-venta de inmuebles y la elección de los miembros de la Comisión de Supervisión (órgano de nueva creación). De forma paralela, el presidente de la Junta Directiva perderá poder ejecutivo.
Entre las novedades más significativas se encuentra el refuerzo de los órganos de control interno y externo, con la creación de la citada Comisión de Supervisión, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea General, no podrán pertenecer a la Junta Directiva y estarán sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, tanto las personas físicas como las jurídicas. Esta Comisión de Supervisión se suma a la Comisión Deontológica, formada por expertos independientes y cuya misión es examinar los posibles conflictos de intereses en los miembros de la Junta Directiva.
La Comisión de Supervisión, cuyo objetivo es el control permanente de los órganos de gobierno, estará formada por cinco socios de la entidad ajenos a la Junta Directiva (dos pertenecientes al Colegio de Pequeño Derecho; uno al de Audiovisual, uno al de Gran Derecho y otro al Colegio de Editores). El sexto integrante de la Comisión será externo, elegido por los cinco socios electos y ratificado por la Asamblea General. Esta Comisión contará además con el apoyo de un auditor externo. Estos mecanismos de control se suman a la auditoría anual externa de las cuentas de la entidad.
En términos de transparencia, los nuevos estatutos obligan a la Junta Directiva a elaborar un Informe Anual de Transparencia, que debe ser igualmente refrendado por la Asamblea General.
Además de la reforma estatutaria, en la Asamblea General Extraordinaria del próximo 27 de diciembre los cerca de 19.000 socios con derecho a voto (que representan más de 102.500 votos) tendrán que avalar la nueva normativa de reparto, conforme a la Ley de Propiedad Intelectual.
Con el fin de apoyar la modificación de los estatutos de la entidad de gestión, el presidente y de los vicepresidentes de la Junta Directiva de la SGAE han emitido también un comunicado.
José Ángel Hevia, presidente de la SGAE; Teo Cardalda, vicepresidente del Colegio de Pequeño Derecho; Antonio Onetti, vicepresidente del Colegio Audiovisual; Fermín Cabal, vicepresidente del Colegio de Gran Derecho y Clifton J. Williams (Alabama Music Business S.L), vicepresidente del Colegio de Editores, queremos manifestar lo siguiente:
Estamos unidos y comprometidos en la defensa y supervivencia de la Sociedad General de Autores y Editores, una institución centenaria que impulsa y protege la creación y a los creadores desde su fundación.
Creemos que la SGAE es un bien de interés cultural, que desde hace décadas presta un importante servicio que debemos preservar, de difusión de la cultura, formación y asistencia a los asociados necesitados.
SGAE es también una entidad que recauda y reparte los derechos de autor, una tarea imprescindible para garantizar la supervivencia económica de miles de familias, pero quizá la parte más polémica, por méritos propios y ajenos.
Muchos de nosotros discrepamos en asuntos relevantes de la gestión de la entidad, pero hoy estamos aquí porque estamos unidos en lo fundamental y tenemos una voluntad absoluta de llegar a acuerdos.
Queremos una SGAE fuerte, que sea la casa común de todos los creadores y autores, que defienda sus derechos y que recupere una reputación dañada.
Por todo ello, pedimos un voto afirmativo, masivo y contundente, a la reforma de los Estatutos. Esta reforma de mínimos es un paso imprescindible para adaptarnos a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Directiva Europea, y cumplir así el requerimiento del Ministerio de Cultura, que ha amenazado con una intervención que podría llegar incluso a la retirada de la licencia si no los aprobamos.
Rechazamos el voto negativo a los Estatutos por ser un voto autodestructivo: el triunfo del NO puede suponer el fin de la SGAE y el consiguiente desamparo de miles de autores.
Apelamos a la responsabilidad de todos y expresamos nuestra voluntad de diálogo entre los colegios para superar un enfrentamiento interno que dura ya demasiados años y que puede llevarnos a la desaparición.
