Los incentivos fiscales han abierto nuevas vías de financiación para el audiovisual, pero también han añadido complejidad a la producción. Carrillo, firma especializada en asesoramiento jurídico y fiscal al sector audiovisual, analiza las claves para que productoras e inversores lleguen al rodaje con una estructura sólida, sin perder el foco creativo del proyecto.
Una producción no siempre se tuerce en el set. A menudo, el problema aparece antes: en una sociedad mal planteada, en una inversión que llega tarde, en un gasto difícil de acreditar, en un certificado que no encaja o en una ayuda pública cuya compatibilidad obliga a rehacer el expediente.
Nada de eso se ve en pantalla. Pero puede decidir si una película, una serie o un documental se financia, se defiende y resiste una revisión administrativa años después.
Porque el audiovisual español vive un momento de mayor actividad, más apetito inversor y creciente interés por los incentivos fiscales. También de más exigencia. Ya no basta con tener un proyecto creativo sólido, un calendario viable y una estrategia de producción. La estructura jurídica, fiscal y documental ha dejado de ser una capa posterior. En muchos casos, es una condición de viabilidad. La pregunta, por tanto, ha cambiado. No es solo cómo se levanta una producción, sino cómo se ordena desde el inicio para que pueda financiarse, justificarse y defenderse.
Ahí trabaja el área de Cultura y Audiovisual de Carrillo, creada en 2016 para asesorar a productoras, promotores, creadores, agentes culturales, empresas del sector e inversores. Su especialización se sitúa precisamente en esa zona previa donde la creación empieza a convertirse en operación: contratos, estructura societaria, incentivos fiscales, ayudas, certificados, gastos elegibles, entrada de inversión y trazabilidad documental.
“Uno de los principales problemas que detectamos es que muchos proyectos audiovisuales son viables desde el punto de vista creativo, pero encuentran dificultades para cerrar la financiación en plazo o para planificar correctamente la aplicación de ayudas e incentivos fiscales. En ocasiones, la estructura fiscal, jurídica o documental se aborda demasiado tarde, cuando ya se han tomado decisiones que pueden limitar las opciones disponibles”, explica Carina Pérez Serra, coordinadora del Área Audiovisual de Carrillo.
Deducciones fiscales en producciones audiovisuales
En este contexto, el incentivo fiscal ha ganado peso en la financiación audiovisual en los últimos años. Para muchas productoras puede ser una pieza decisiva del presupuesto. Para las empresas e inversores, una vía de participación en proyectos culturales con atractivo fiscal.
Porque una deducción no es un descuento al final del proceso. Arrastra requisitos, límites, plazos, certificados, criterios contables, gastos admisibles y exclusiones. Obliga a convertir una producción creativa en una operación técnicamente documentada.
Con esa lógica, Carrillo empezó a trabajar en incentivos fiscales vinculados a la cultura cuando estas herramientas aún eran poco conocidas para buena parte del tejido empresarial español. Esa entrada temprana le ha permitido acompañar la evolución normativa y práctica del sector.
“Empezamos a trabajar en incentivos fiscales cuando casi nadie lo hacía en España. Eso nos permitió crecer con el sector, entender sus particularidades y adaptarnos rápidamente a los cambios normativos”, señala Pérez Serra.
La norma, sin embargo, no siempre avanza al ritmo de la producción. Entre el marco fiscal, los criterios administrativos y la realidad de cada rodaje aparecen zonas de fricción. Cada proyecto exige una lectura propia: tipo de obra, territorio, calendario, estructura de financiación, ayudas compatibles, documentación disponible y posición del inversor.
En la práctica, el asesoramiento pasa por analizar la viabilidad fiscal, diseñar la operación, coordinar la documentación, tramitar ayudas, preparar certificados y relacionarse con organismos como el ICAA cuando el expediente lo requiere.
“No basta con conocer el incentivo en abstracto. Hay que entender cómo se aplica en cada tipo de producción, en cada territorio y en cada fase del proyecto”, añade Carina Pérez Serra.
Productoras e inversores ante el incentivo fiscal audiovisual
En esa aplicación práctica, la entrada de empresas e inversores en la financiación audiovisual ha sofisticado la estructura de muchas producciones. Ahora no basta con cerrar una aportación económica. Importa cuándo entra, bajo qué fórmula, con qué soporte documental y sobre qué previsión fiscal.
Bajo ese prisma, productora e inversor miran el proyecto desde lugares distintos, pero comparten una misma necesidad: que la operación sea defendible.
“Gestionamos desde la solicitud de certificados al ICAA o al organismo que corresponda hasta la tramitación de ayudas y la gestión de inspecciones y comprobaciones de la Administración tributaria. Ese contacto constante nos permite anticiparnos a posibles incidencias y asegurar que se cumplen los requisitos legales y fiscales desde la tramitación inicial hasta una eventual revisión posterior”, afirma Pérez Serra.
De hecho, tal y como explican desde Carrillo, la producción audiovisual no funciona por compartimentos estancos. Una decisión fiscal puede afectar al contrato. Una ayuda puede condicionar la estructura. Una fecha puede alterar la elegibilidad de un gasto. Una cesión de derechos mal resuelta puede complicar la cadena de titularidad.
Por eso el asesoramiento especializado exige mirar varias capas al mismo tiempo: fiscal, jurídica, laboral, contable, administrativa, procesal y aseguradora.
“Nuestro objetivo es que la productora cuente con un soporte completo, coordinado y especializado, sin tener que acudir a distintos proveedores en cada fase del proyecto. Ayudamos a saber si puede acceder al incentivo, a estructurarlo correctamente, a evitar bloqueos administrativos o fiscales y a centrarse en producir y rodar con mayor seguridad”, resume Pérez Serra.
Carrillo apoya ese modelo en una estructura de 156 profesionales y 10 despachos, con presencia en Madrid, Barcelona, Alicante y varias sedes en la Región de Murcia. La firma cuenta con cerca de 2.000 clientes en España y una facturación consolidada de 37,2 millones de euros en 2025. Figura, además, en la 12ª posición del ranking de despachos nacionales y ocupa la primera posición en Murcia.
La experiencia de Carrillo en incentivos fiscales y seguridad jurídica audiovisual
Hablar de audiovisual en singular simplifica demasiado todo este contexto. Una serie, un largometraje, un documental, un corto de animación o una coproducción internacional plantean problemas distintos. Cambian los tiempos, los derechos, los territorios, las fuentes de financiación, los interlocutores y la documentación que habrá que reunir.
Pero también cambia el riesgo. Por ejemplo, una coproducción internacional no exige la misma arquitectura que un cortometraje. Cada formato deja un rastro documental diferente.
Esa diversidad se refleja en los proyectos en los que ha participado Carrillo. Entre ellos figuran la miniserie ‘Silencio’, de Eduardo Casanova, nominada al Premio Feroz Arrebato de Ficción 2026; largometrajes como ‘Ocho años’, de JD Alcázar, y ‘Y todos arderán’, de David Hebrero, protagonizada por Macarena Gómez; así como ‘Molt lluny / Muy lejos’, de Gerard Oms, con dos nominaciones en los Premios Goya 2026: mejor dirección novel y mejor actor protagonista, por Mario Casas.
En documental, el despacho ha trabajado en proyectos como ‘Cáscara de nuez’, de Miguel Ángel Tobías, y ‘El resurgir’, sobre la Dana de Valencia. También ha intervenido en cortometrajes como ‘La opacidad del agua’, de Isabel Genís, y en animación con ‘Buscando a Osito’. En coproducción internacional destaca ‘Brealito’, largometraje de terror coproducido por España, Argentina y Colombia y dirigido por Octavio Revol Molina.
Ese recorrido por ficción, documental, animación y coproducción internacional muestra una especialización construida sobre expedientes reales y problemas concretos.
Desde esa práctica, Carrillo trabaja en el punto donde una producción necesita ordenar la financiación audiovisual, el incentivo fiscal y la seguridad jurídica antes de llegar al rodaje. Un trabajo previo que permite a productoras e inversores avanzar con una estructura más sólida, trazable y preparada para responder ante cualquier revisión.
