El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional para anunciar el adelanto de la convocatoria electoral. Así, el Boletín Oficial del Estado del 6 de octubre publicaba ya el Real Decreto de disolución de las cortes. Por tanto, las elecciones generales que decidirán si Pedro Sánchez seguirá otros cuatro años más al frente del ejecutivo o será Alberto Núñez Feijóo el nuevo presidente del gobierno de España se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre.
Como es habitual en estos casos, la abrupta interrupción de la legislatura traerá consigo que un numero ingente de leyes y normativas varias quedarán en el limbo sin aprobarse. Y entre ellas, nuevamente, está el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual que tenía prevista celebrar una nueva ponencia en el Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación parlamentaria de urgencia. También decae otra norma clave sobre la regulación de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la cultura, entre otras.
Llueve sobre mojado porque el adelanto electoral de mayo de 2023 que dio lugar a la legislatura actual que ahora concluye también anticipadamente ya trajo la paralización de más de 60 leyes que estaban en tramitación, entre ellas, como no, la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, cuya tramitación parlamentaria se realizaba también por procedimiento de urgencia. La realidad es que el sector audiovisual se queda una vez más descolocado y sin saber muy bien si esta «no aprobación» es un alivio o una penitencia interminable, porque este largo parto era (y es) un verdadero quebradero de cabeza, quizá «el quebradero de cabeza». Simplemente con echar un vistazo a lo ocurrido en los últimos meses se comprueba la enorme preocupación que despertaba en toda la industria y no era para menos, porque es indiscutible que el audiovisual necesita más pronto que tarde una nueva regulación que se adapte a los nuevos tiempos.
Hace solo unos días, las principales federaciones y asociaciones de productoras independientes españolas, integradas en la Plataforma Audiovisual de Productoras (P.A.P.), celebraron IV Encuentro Estatal en el marco de la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF), donde expresaron por enésima ocasión su preocupación porque la nueva incorporase de manera efectiva las aportaciones del sector y garantizase que la regulación respondiese adecuadamente a la realidad y a las necesidades de las empresas independientes.
En ese sentido, para P.A.P., la definición de empresa productora independiente constituía una cuestión central, «determinante e irrenunciable» para la futura Ley del Cine y de la Cultura audiovisual. A su juicio, de su formulación dependía que la norma garantizase una independencia efectiva, preservase la capacidad de decisión de estas empresas sobre sus proyectos y reconociese adecuadamente su función creativa, cultural e industrial.
A juicio de la Plataforma de productores, cualquier otro escenario comprometería la eficacia de las medidas contempladas en la nueva Ley para proteger y consolidar este ámbito esencial del audiovisual y de la cultura española. Por ello, las productoras independientes abogaban por mantener y profundizar el diálogo en este sentido.
La Plataforma PAP, que representa la más del 90 por ciento de la producción independiente española, está formada por más de 750 empresas distribuidas por todo el territorio nacional y agrupadas en las siguientes entidades: AECINE, Asociación Estatal de Productoras de Cine Independiente; DIBOOS, Federación Española de Productoras de Animación y Efectos Visuales; Federación Española de Productoras Independientes Audiovisuales (PIAF+MAPA), en la que se encuentra AGAPI (Asociación Galega de Produtoras Independentes), anfitriona y organizadora del IV Encuentro PAP; PROA, Federación de Asociaciones de Productoras Estatales y PROFILM, Asociación de productoras que prestan servicios a rodajes internacionales en España.
Antes, el junio pasado, las asociaciones representativas de los distintos sectores que integran la industria audiovisual española: producción, distribución, exhibición, dirección y televisión, mostraron también su preocupación y remitieron una carta al Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para solicitar más tiempo e información detallada sobre las modificaciones de la nueva Ley del Cine. En el escrito, los firmantes, celebraban la reactivación del proceso y reiteraban su voluntad de colaborar activamente en la consecución de un marco normativo sólido, estable y ampliamente respaldado por el conjunto de la industria y expresaban la necesidad de contar con un margen temporal más amplio, así como información adicional y detallada sobre las modificaciones, que les permitiese analizar debidamente una ley trascendental para el sector.
Los firmantes trasladaban el reconocimiento por el esfuerzo realizado por el Ministerio de Cultura para impulsar una nueva regulación del sector, así como por la disposición al diálogo y la atención prestada. Las asociaciones firmantes de la misiva remitida a Ernest Urtasun eran: AECINE, Asociación Estatal de Cine (Productoras de Cine Independiente); AEVOD – Asociación Española de Vídeo on Demand; ACCIÓN – Asociación de directores y directoras de cine; DIBOOS – Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación y Efectos Visuales; FECE – Federación de Cines de España; NAECE – Nueva asociación de Exhibidores de Cine de España; PATE – Productores Audiovisuales; PIAF/MAPA – Productoras Independientes Audiovisuales Federadas / Mesa Territorial de Productores Audiovisuales; PROA – Federación de Productoras Audiovisuales; PROFILM – Asociación de Productoras Españolas de Audiovisual Internacional; PROXIMA CINE – Asociación de Distribuidores de Cine Independiente y de Autor en V.O. y UTECA – Unión de Televisiones Comerciales en Abierto.
Porque justo unos días antes, el jueves 18 de junio, el Pleno del Congreso rechazaba, por 172 votos a favor y 175 en contra, las enmiendas a la totalidad de devolución, presentadas por los grupos Popular y Vox en el Congreso, al Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Superado ese debate de totalidad, la Cámara legislativa aprobaba la avocación a Pleno de dicha iniciativa. Y una vez rechazadas ambas enmiendas de devolución, el texto continuaba su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión, para debatir el texto y las enmiendas al articulado presentadas.
Concluida su tramitación en el Congreso de los diputados el texto normativo se remitía al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, algo que ya no sucederá a pesar de que el ministro de Cultura mantenía que la aprobación de la nueva Ley de Cine era uno de los objetivos fundamentales en esta legislatura para el ministerio que lideraba. «Seguimos trabajando para sacarla adelante. No tenemos ninguna razón para desistir de esta aprobación, al contrario, sigo convencido de que la actualización de nuestro marco normativo es imprescindible. En definitiva, sigue siendo un objetivo prioritario de este ministerio, queda mucha legislatura por delante y tengo la firme voluntad de sacarla adelante», manifestaba Urtasun el pasado mayo.
De hecho, en el nombramiento de Marta Serrano como nueva directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el pasado 23 de junio, Cultura reiteraba nuevamente que la aprobación definitiva de la Ley del Cine, cuatro años después de que quedara paralizada, era uno de los principales retos que afrontaba el ICAA en esta legislatura que ya está finiquitada.
