La Comisión Europea ha suspendido la propuesta del regulador español de las telecomunicaciones (CMT) de fijación de los precios regulados que el operador dominante, Telefónica, puede aplicar a los operadores que deseen comercializar servicios de banda ancha basados en la red de Telefónica.
A la Comisión le preocupa que la manera de proceder de la CMT pueda no ser compatible con la normativa sobre telecomunicaciones de la UE, ir en perjuicio de la competencia y no actuar de incentivo para la inversión en banda ancha. También inquieta a la Comisión que la regulación de los precios no se realice de forma transparente y que la propuesta pueda crear barreras artificiales en el mercado.
La CMT propone fijar las tarifas reguladas combinando un modelo de costes con los datos contables de Telefónica y una referencia de precios en varios Estados miembros. La consiguiente propuesta de regulación sitúa los precios hasta un 50 % por encima de la eficiencia con respecto a los costes. Por otra parte, el producto de acceso de banda ancha al por mayor es la única oferta regulada en la red de fibra de Telefónica y la CMT no tiene previsto imponer otras salvaguardias de la competencia, tales como normas más estrictas en lo concerniente a la no discriminación.
La propuesta de regulación española va a disuadir a los operadores de otros países de comprar acceso de banda ancha al por mayor en España y, por tanto, constituye un obstáculo al desarrollo de servicios paneuropeos. La Comisión ha enviado un escrito de expresión de serias dudas a la CMT y el regulador dispone ahora de tres meses para trabajar con la Comisión y el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) en la búsqueda de una solución. Entretanto, la aplicación de la propuesta ha sido suspendida.
El 27 de mayo de 2013, la Comisión recibió un proyecto de propuesta de la CMT sobre medidas correctoras para el mercado de acceso mayorista a la infraestructura de red en una ubicación fija y para el mercado de acceso de banda ancha al por mayor en España. El artículo 7 de la Directiva marco sobre telecomunicaciones exige que las autoridades nacionales de reglamentación notifiquen a la Comisión, al ORECE (Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas) y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros países de la UE las medidas que tienen previsto introducir para abordar la falta de una competencia efectiva en los mercados de que se trate.
Las nuevas normas permiten a la Comisión adoptar nuevas medidas de armonización en forma de recomendaciones o de decisiones (vinculantes) si las divergencias en los planteamientos de los reguladores nacionales, en particular en cuanto a las medidas correctoras, persisten en la UE a largo plazo.
