La CMT rechaza otro recurso por la financiación de RTVE, esta vez de Orange

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha vuelto a rechazar otro recurso de reposición interpuesto por Orange contra pagos realizados por la compañía en 2011 y 2012 para financiar RTVE al entender que este impuesto es inconstitucional, vulnera el derecho comunitario y que el organismo regulador no calculó correctamente la cuantía que debía abonar.

Desde que entró en vigor la Ley de Financiación de RTVE en 2009 que acabó con la publicidad en TVE y sustituyó estos ingresos por unas tasas que están obligadas a pagar las cadenas privadas de televisión y las empresas de telecomunicaciones, estas últimas compañías han venido recurriendo ante la CMT los pagos realizados para financiar la pública por motivos similares a los que ahora señala Orange. La pasada semana, Redtel, la asociación de las operadoras con red propia en España, solicitaba una revisión de su fiscalidad e incluía una vez más la protesta por el gravamen para financiar RTVE. Según los cálculos de Redtel, los operadores estaban financiando en 2010 un 37,6 por ciento del coste total de RTVE.

Como en otras ocasiones, en la resolución al recurso presentado por Orange, al que ha tenido acceso Europa Press, la CMT señala que “no le corresponde valorar la constitucionalidad de las leyes ni la legalidad de los reglamentos”, sino que como órgano encargado de recaudar estas tasas“está obligada a observar y cumplir con las normas vigentes en tanto los supuestos vicios de inconstitucionalidad o legalidad” de los que se queja Orange “no sean constatados por el órgano competente”.

Las empresas de telecomunicaciones han recurrido la Ley de Financiación ante la justicia española y la europea, que todavía no se han pronunciado sobre la legalidad de la medida que promovió el anterior Gobierno.

Contra la resolución de la CMT no puede interponerse de nuevo recurso administrativo, aunque Orange podrá interponer reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes, previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

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